España se queda sola en inmigración: la UE aprueba los ‘centros Meloni’ de deportación

La política migratoria europea ha dado un giro decisivo este lunes. Los ministros de Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron un reglamento que endurece de forma significativa las normas en esta materia, incluyendo la creación de los llamados “centros Meloni”, inspirados en el modelo impulsado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Albania.  

La medida se acompaña de una nueva definición de “tercer país seguro”, que permitirá deportar a migrantes hacia naciones extracomunitarias desde las que podrán tramitar sus solicitudes de asilo, incluso si no tienen vínculos previos con esos territorios.

En la lista figuran países como Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, además de los candidatos a ingresar en la UE: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Serbia o Turquía.  

España, que defiende un enfoque más cooperativo con los países de origen y políticas menos restrictivas, se ha quedado sola en su oposición.

En el debate sobre el concepto de tercer país seguro, recibió el apoyo de Portugal y Francia, pero en el punto de los centros Meloni ningún otro ministro respaldó su postura.

Según fuentes del Ejecutivo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre estos centros de retorno, advirtiendo además de un posible “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular.  

Pacto migratorio europeo

Marlaska también alertó de que el nuevo reglamento rompe con la integridad del pacto migratorio europeo “antes de que haya echado a andar”. Desde el Gobierno español se subraya que la medida plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos de los solicitantes de protección internacional.  

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La mayoría de los países europeos, sin embargo, consideran que el sistema actual genera incentivos que favorecen la migración irregular.

Así lo expresó Rasmus Stoklund, ministro de Interior de Dinamarca y presidente rotatorio del Consejo: “Miles de personas se ahogan en el Mediterráneo o sufren abusos en las rutas migratorias, mientras los traficantes de personas acumulan fortunas. Esto demuestra que el sistema actual genera un fuerte efecto llamada, difícil de eliminar. Por eso defendemos tramitar las solicitudes de asilo en terceros países seguros”.  

La actuación deberá ser refrendada por el Parlamento Europeo, un trámite que no se prevé complicado. Se trata de la continuación de la estrategia presentada en marzo por la Comisión Europea, que ya había planteado “soluciones innovadoras” para la gestión de la migración.

Según el Ejecutivo comunitario, la propuesta introduce la posibilidad legal de devolver a un tercer país a personas que se encuentren ilegalmente en la UE y hayan recibido una decisión definitiva de retorno, sobre la base de acuerdos bilaterales o multilaterales.  

Además, los 27 aprobaron la reubicación de 21.000 migrantes desde los países más presionados por los flujos migratorios, junto con una asistencia financiera de 420 millones de euros.

Estas cifras, sin embargo, quedan por debajo de las 30.000 reubicaciones y 600 millones que había propuesto la Comisión y que contaban con el respaldo de España.  

El debate migratorio refleja cómo Europa se aleja de las posiciones defendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que insiste en cooperar con los países de origen y rechaza medidas restrictivas.

Este aislamiento se suma a otros ámbitos en los que España mantiene posturas divergentes, como la transición verde —cada vez con menor peso en la agenda comunitaria— o la defensa, donde la mayoría de los socios apuestan por elevar el gasto militar más allá del 2% del PIB, límite que el Ejecutivo español no está dispuesto a superar.  

Con información de El Mundo