El horizonte judicial del Gobierno se ensombrece tras la última comparecencia de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. El empresario, pieza central en el denominado ‘caso hidrocarburos’, ha revelado ante el juez que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le hizo entrega de un sobre vinculado a la petrolera estatal PDVSA.
Según el testimonio del investigado, dicho envoltorio contendría evidencias documentales sobre una supuesta financiación irregular dirigida tanto al PSOE como a la Internacional Socialista, un extremo que ha despertado de inmediato el interés de la Fiscalía Anticorrupción.
A pesar de la gravedad de la acusación, Aldama ha evitado desglosar el contenido íntegro del documento en esta fase del proceso. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirman que el comisionista ha supeditado una confesión más detallada a la consecución de un acuerdo con el Ministerio Público.
No obstante, ha enfatizado que esta trama informativa, aunque relacionada con el sector energético, se desvincula de Villafuel, la compañía sobre la que pivota la causa principal por un presunto fraude de IVA en el mercado de carburantes.
La declaración de Aldama encuentra respaldo en las investigaciones previas de la Unidad Central Operativa (UCO). La Guardia Civil ya había localizado pruebas de que el empresario custodiaba "documentación sensible" de la petrolera venezolana.
Un informe técnico resalta una fotografía donde se aprecia un sello de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, fechado el 4 de febrero de 2020, que certificaría el momento en que Aldama recibió el mencionado sobre, coincidiendo cronológicamente con la controvertida estancia de la mandataria venezolana en suelo español.
En otro orden de revelaciones, el empresario ha salpicado al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Aldama asegura que mantuvo un encuentro con él y con Koldo García para tratar la obtención de depósitos fiscales en las Islas Canarias.
Aunque matiza que los negocios no prosperaron y no guardan relación directa con el fraude de hidrocarburos investigado, su testimonio refuerza la tesis de los investigadores sobre la enorme capacidad de infiltración que la trama mantenía en diversos ministerios y administraciones autonómicas bajo control socialista.
Este caso se enmarca en una compleja red de corrupción que, según la Audiencia Nacional, aprovechaba contactos en la cúpula del Ministerio de Transportes para obtener licencias administrativas preferentes.
Lo que comenzó como una investigación sobre mascarillas en el 'caso Koldo' ha derivado en una ramificación energética que ahora amenaza con derivar en una causa general sobre la financiación del partido en el Gobierno.
Finalmente, Aldama ha querido marcar distancias con la figura del "comisionista irregular". Ha reconocido el cobro de 110.000 euros de la mercantil MTM 180, pero defiende la legalidad de sus honorarios profesionales.
Asimismo, ha negado tajantemente la versión de la empresaria Carmen Pano sobre una entrega de 90.000 euros en la sede de Ferraz, tildándola de inverosímil.
Según su defensa, su papel se limitó a la gestión de contactos y no a la administración de las sociedades que defraudaron a Hacienda, una estrategia con la que busca eludir la responsabilidad penal como cabecilla del fraude.
Con información de Europa Press
