Errejón acude a la Audiencia para forzar el archivo de su causa

El horizonte judicial de Íñigo Errejón se traslada a una instancia superior en un intento definitivo por cerrar el proceso por presunta agresión sexual.

Tras el rechazo del magistrado Adolfo Carretero a dar validez a la renuncia de la actriz Elisa Mouliaá, la defensa del que fuera portavoz de Sumar ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, de acuerdo con una publicación de La Razón.

La estrategia busca que la Sección Cuarta revoque el criterio del instructor y reconozca el "desistimiento definitivo" presentado por la denunciante a principios de febrero.

Este movimiento jurídico no solo pretende invalidar la personación de la víctima, sino que prepara el terreno para invocar la jurisprudencia que impediría sentar a Errejón en el banquillo únicamente bajo el impulso de una acusación popular.

El conflicto procesal emana de la interpretación de un escrito que Mouliaá presentó el pasado 6 de febrero, donde manifestaba su voluntad de apartarse del caso por razones "estrictamente personales y de salud", aludiendo al desgaste derivado de la exposición mediática.

No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 desestimó la validez de este desistimiento al considerar que el documento carecía de las firmas preceptivas del abogado y el procurador, además de no haber sido ratificado presencialmente en sede judicial.

La defensa de Errejón sostiene ahora ante la Audiencia que la decisión sobre una acusación penal es un derecho "personalísimo e indelegable", argumentando que la voluntad de la víctima no debe quedar anulada por defectos de forma subsanables.

Caso Errejón: la segunda denunciante desiste de ratificar la agresión ante la jueza

En este contexto, la abogada Eva Gimbernat fundamenta su recurso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la cual estipula que una vez que una víctima renuncia consciente y voluntariamente a ejercer acciones penales, no puede volver a formar parte de la causa.

El equipo legal de Errejón confía en que los magistrados de la instancia superior prioricen la autonomía de la voluntad de Mouliaá sobre el rigorismo formal del instructor.

Se espera que, según las fuentes consultadas por La Razón, la Audiencia de Madrid delibere y emita una resolución en un plazo aproximado de dos a tres semanas, una decisión que marcará el futuro inmediato del cofundador de Podemos.

De validarse la renuncia, el proceso entraría en una fase crítica donde cobraría protagonismo la denominada "doctrina Botín".

Este precepto, consagrado por el Tribunal Supremo en 2007, establece que no es obligatorio abrir juicio oral si únicamente lo solicita la acusación popular, siempre que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular interesen el sobreseimiento.

En este caso concreto, la fiscal ya ha solicitado el archivo de las actuaciones al no hallar indicios suficientes de criminalidad, por lo que la salida de Mouliaá del proceso dejaría a la Asociación Adive —que ejerce la acción popular— como único sostén del caso.

Este complejo escenario jurídico se produce meses después de que la denuncia de la actriz provocara la dimisión fulminante de Errejón de todos sus cargos políticos, desatando una crisis sin precedentes en el espacio de Sumar.

La causa se ha convertido en un termómetro sobre la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí' y los procedimientos de consentimiento en el ámbito penal español.

Si la Audiencia de Madrid ratifica la postura del juez Carretero y mantiene el procesamiento, Errejón se enfrentaría a una petición de tres años de prisión por abuso sexual continuado, según el escrito de calificación de la acusación popular. 

Con información de La Razón