La Audiencia avala intervención de correos electrónicos del hermano de Pedro Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz respalda la actuación de la jueza, Beatriz Biedma, que investiga al hermano de Pedro Sánchez y su actividad como alto cargo en la Diputación de Badajoz.

En un auto que tiene fecha de 25 de septiembre, y al que ha tenido acceso EL MUNDO, esta institución judicial avala la legalidad de los registros y la incautación de las cuentas corporativas de 15 altos cargos y funcionarios (entre ellos el del propio David Sánchez Pérez-Castejón), realizados en tres ocasiones: dos en junio y una este martes- ordenados por la magistrada y ejecutados por la Guardia Civil.

Contra este auto de la Audiencia, firmado por cuatro magistrados, no cabe recurso ordinario alguno.

Responde así la Audiencia a los recursos de reforma presentados por la defensa del propio David 'Azagra' y de otros diputados provinciales -representados por el letrado de la Audiencia de Badajoz- que habían intentado frenar esta investigación, clave para descubrir, como sospecha la causa, que el pliego de condiciones para obtener el puesto de responsabilidad estaba presuntamente acordado con el propio músico, que entonces vivía en San Petersburgo (Rusia).

Al frente de la Diputación en el momento del 'fichaje' del hermano del presidente del Gobierno y en la actualidad se encuentra Miguel Ángel Gallardo, que desde la pasada primavera es el secretario general del PSOE de Extremadura, cuyos correos corporativos también han sido intervenidos al igual que los de José Ramón Suárez Arias, jefe del Servicio de Administración de Recursos Humanos, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento, donde llegó a ser portavoz del grupo municipal.

Las defensas de los investigados en los correos consideran que sus clientes tienen derecho al secreto de las comunicaciones y, en concreto, el abogado defensor de David Azagra considera que en la denuncia presentada por Manos Limpias no constan ni indicios ni actividades concretas para que le puedan intervenir los correos durante siete años, junto al resto de personas que han sido objeto de las investigaciones de sus correos electrónicos.

Sin embargo, la Audiencia considera que el auto que ordenaba el registro de la Diputación "contiene la necesaria motivación que requiere la injerencia en los derechos fundamentales que se dicen vulnerados en el recurso".

Y añade que "en el mismo auto se contiene ya un análisis de dicha documentación que claramente se cuestionan las actividades que comprende el puesto de trabajo del encausado (David Sánchez Pérez-Castejón), a la luz de su contrato, su escasa actividad como director de orquesta y la escasez de producciones del programa 'Ópera Joven', a pesar de que motivó el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo", añade la Audiencia.

De esta manera, subraya el razonamiento judicial de este organismo, "existe motivación más que suficiente para justificar" las decisiones tomadas por la jueza para "tratar de recabar" información relevante" directamente relacionada con la comisión de los delitos investigados y subraya que no existe otra forma de obtener la información de los correos que "que no sea su intervención", por lo que tiene justifica la "proporcionalidad" de las actuaciones, que han sido realizada de forma "exquisitamente cuidadosa con la determinación del ámbito subjetivo y objetivo afectado contra lo que dispone el recurso", como también avala el Ministerio Fiscal en su informe al respecto, al subrayar que "se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para la adopción de la medida ahora cuestionada".

De esta manera, también avala la entrada de la UCO en la institución para realizar el registro para "profundizar la investigación" con la medida acordada.

Se tratan de miles de correos que se retrotraen hasta el 1 de enero de 2016, casi un año y medio antes de que saliera a concurso las bases del proceso de concurso para obtener la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios, al que se presentaron 11 aspirantes, todos ellos relacionados con Extremadura, salvo el músico extremeño. La incautación de los emails de los altos cargos de la Diputación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha en la que se produjo el cambio de denominación del puesto de trabajo, pasando de ser Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música (son dos) a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Entre los los diputados investigados se encuentran Cristina Núñez Fernández, Francisco Martos Ortiz y Antonio Garrote Ledesma. Éste último, exalcalde de Monesterio y actual diputado regional, que pidió que la causa se trasladara a la Audiencia Provincial por estar él aforado desde el pasado 21 de marzo que tomó posesión de su acta en la Asamblea de Extremadura, aunque la jueza consideró en una providencia que, por el momento, no había llegado el momento para ello. Garrote era delegado en el Área de Recursos Humanos y Régimen Interior precisamente cuando salió la plaza que fue adjudicada a David Azagra.

Con información El Mundo