EEUU inicia el proceso de embargo de bienes de España

Tras años de litigios por los recortes retroactivos a las primas de energías renovables, los inversores han logrado que los tribunales federales activen mecanismos de embargo de bienes estatales.

Este movimiento, fundamentado en la falta de cumplimiento de los laudos arbitrales, busca identificar y confiscar activos bajo jurisdicción de Estados Unidos (EEUU), elevando la presión financiera sobre el Gobierno español en un escenario de creciente aislamiento jurídico internacional que ya afecta a las principales plazas financieras del mundo.

La estrategia de los fondos de inversión afectados ha entrado en una fase ejecutiva agresiva tras obtener resoluciones favorables en jurisdicciones clave como Reino Unido y Singapur.

En Estados Unidos, el Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha validado siete laudos arbitrales, transformándolos en sentencias plenamente exigibles.

Esta validación judicial permite a las empresas demandantes desplegar herramientas procesales para localizar patrimonio público español, desde cuentas bancarias hasta flujos de pago derivados de acuerdos comerciales, con el fin de resarcir una deuda que no ha dejado de generar intereses de demora durante la última década.

El grupo de demandantes que lidera esta nueva embestida incluye a gigantes del sector como NextEra, cuya reclamación asciende a 290,6 millones de euros, e Infrastructure Services/Antin, con 125,1 millones.

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A estos se suman expedientes de firmas como Watkins, RREEF, Cube, 9REN e InfraRed, sumando un bloque inicial de ejecución que alcanza los 688,4 millones de euros.

Ante la negativa de pago por parte del Estado, los acreedores han solicitado formalmente el registro de estas sentencias en el Distrito Sur de Nueva York, el epicentro financiero global, para ampliar el radio de acción de las órdenes de incautación.

Para materializar estos cobros, la justicia estadounidense ha emitido las denominadas «discovery orders» y requerimientos judiciales (subpoenas).

Estas diligencias obligan a instituciones financieras y empresas con participación estatal a revelar cualquier vínculo contractual o activo localizado en territorio norteamericano.

La red de rastreo es tan extensa que ha llegado a salpicar a entidades públicas con presencia en EEUU e incluso a compañías involucradas en proyectos de alto perfil, como los preparativos vinculados a la organización del próximo Mundial de Fútbol de 2026.

Este conflicto emana de la reforma energética emprendida por España hace décadas, la cual eliminó los incentivos prometidos a los inversores extranjeros en plantas fotovoltaicas y eólicas.

Lo que comenzó como una serie de arbitrajes ante el CIADI (organismo del Banco Mundial) se ha transformado en una crisis de reputación financiera exterior.

El Gobierno español ha mantenido una postura de resistencia legal alegando que el pago de estos laudos podría vulnerar el derecho comunitario europeo, una tesis que, sin embargo, está siendo rechazada sistemáticamente por los tribunales de fuera de la Unión Europea.

La situación financiera para el Estado se vuelve crítica, ya que la deuda total acumulada por estos litigios supera actualmente los 2.302 millones de euros.

La activación de los embargos en Nueva York y Washington no solo supone un riesgo para el patrimonio nacional en el extranjero, sino que envía una señal de alerta a los mercados internacionales sobre la seguridad jurídica en España. 

Con información de La Razón