Bruselas exige sanciones a España por no adoptar normativas del IVA

La Comisión Europea ha anunciado su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando una multa económica por el incumplimiento reiterado en la transposición de dos normativas clave sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

A pesar de los expedientes abiertos en enero de 2025 y los ultimátums lanzados en julio, el Gobierno español permanece como el único de los Veintisiete que no ha notificado los cambios legales necesarios.

El epicentro del conflicto radica en el denominado IVA franquiciado. Esta normativa europea permite a los Estados miembros eximir de repercutir el impuesto a pymes y autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Aunque España ha manifestado que no tiene intención de aplicar esta exención dentro de sus fronteras por su carácter opcional, Bruselas subraya una omisión crítica: la falta de mecanismos para que las empresas españolas se registren y puedan aplicar dicha exención cuando operan en otros países de la UE.

Más allá del umbral de facturación, la segunda directiva pendiente afecta a servicios digitales, retransmisiones en línea y el régimen especial para bienes de segunda mano y objetos de arte.

La Comisión advierte que esta asimetría legislativa genera un riesgo real de doble imposición o, por el contrario, de falta de imposición, dado que el resto de los socios comunitarios ya operan bajo las nuevas reglas, dejando a los operadores españoles en un limbo jurídico y administrativo.

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Desde el Ministerio de Hacienda han intentado calmar las aguas puntualizando que los cambios ya se encuentran en tramitación parlamentaria en el Congreso. Según fuentes gubernamentales, la transposición se incluyó mediante una enmienda a la ley DAC8.

Sin embargo, el proceso parece estar encallado en la Cámara Baja, donde el plazo de enmiendas se cerró hace meses sin que se hayan registrado avances significativos, una lentitud que Bruselas ya no está dispuesta a tolerar.

Contexto

El sistema de sanciones del TJUE por no transponer directivas suele incluir una suma a tanto alzado y una multa coercitiva diaria. España ha acumulado históricamente diversos expedientes por retrasos legislativos, pero ser el único país infractor en una normativa de armonización fiscal como la del IVA agrava la posición de la Abogacía del Estado ante los tribunales de Luxemburgo.

La reacción de los colectivos afectados ha sido inmediata. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que ya denunció al Gobierno ante Bruselas en diciembre, ha celebrado el movimiento de la Comisión.

Su presidente, Lorenzo Amor, ha sido contundente al señalar que los autónomos españoles son los únicos en la UE que carecen de este régimen especial: "La falta de previsión legal instala una inseguridad legislativa que son trabas y más trabas", denunció, estimando un ahorro de hasta 600 euros en costes burocráticos si se aplicara la norma.

El conflicto deja al descubierto una brecha en la gestión de Hacienda, que ATA califica de "lenta y perezosa" cuando se trata de facilitar la labor al pequeño empresario, pero "ágil" cuando el objetivo es estrictamente recaudatorio.

Aunque España no está obligada por Bruselas a perdonar el IVA a los autónomos domésticos, la ausencia de un marco legal para operar en el mercado común europeo podría costar ahora millones de euros en sanciones directas al erario público.

Con información de El Mundo