Venezuela renueva la cúpula judicial con la designación de un nuevo fiscal general

La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control de la mayoría oficialista, ha formalizado este jueves un cambio estratégico en las instituciones del Poder Ciudadano. Los abogados Larry Devoe y Eglée González han sido designados como nuevo fiscal general y defensora del pueblo, respectivamente.

Estos nombramientos se producen para cubrir las vacantes dejadas en febrero por Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quienes dimitieron en un contexto marcado por la entrada en vigor de la polémica Ley de Amnistía, una normativa que ha generado tensiones por su alcance limitado en la liberación de presos políticos.

Durante el acto de juramentación, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, destacó la trayectoria de Devoe, reconocido colaborador del Ejecutivo, y defendió la figura de González asegurando que su falta de militancia partidista representa una "gran oportunidad" para la institución.

Sin embargo, esta visión no es compartida por la bancada opositora Libertad. El diputado Henri Falcón manifestó su rechazo tajante, alegando que los nuevos titulares carecen de la independencia y autonomía necesarias para garantizar una verdadera pluralidad democrática en un sistema judicial que, a su juicio, funciona como una extensión ideológica del chavismo.

La sombra de la irregularidad ha planeado sobre este proceso desde su inicio. Un bloque de 11 organizaciones no gubernamentales denunció en marzo la opacidad en los criterios de evaluación.

Las críticas se centran en que el Comité de Evaluación de Postulaciones estuvo integrado exclusivamente por diputados, ignorando el mandato constitucional que exige la inclusión de diversos sectores de la sociedad civil.

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Esta exclusión ha alimentado las dudas sobre la legitimidad de un proceso que parece haber sido diseñado a medida de los intereses del partido de gobierno.

Las reacciones más duras han llegado desde el sector más cercano a María Corina Machado. El dirigente Juan Pablo Guanipa ha calificado a Devoe como un "cómplice" histórico de la gestión de Nicolás Maduro.

Guanipa recordó que, durante su etapa como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos en 2014, Devoe fue señalado por ignorar denuncias de tortura y por su silencio ante las muertes registradas en las protestas de 2014 y 2017.

Asimismo, se le reprocha haber bloqueado el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2019.

Este relevo institucional ocurre en un momento de extrema fragilidad para el Estado de derecho en el país, donde la reestructuración de los órganos de control es vista por analistas internacionales como un movimiento para consolidar el cerco jurídico tras los cuestionados resultados de las presidenciales de 2024.

Finalmente, el historial de Devoe ha vuelto al primer plano tras la crisis poselectoral de 2024, que dejó un saldo de más de 3.000 detenidos y decenas de fallecidos.

La oposición denuncia que el nuevo fiscal general no solo ha guardado silencio ante estas detenciones, que incluyen a menores de edad, sino que su nombramiento garantiza la continuidad de la impunidad.

Con estos cambios, el sistema judicial venezolano inicia una nueva etapa que, lejos de calmar las aguas, parece profundizar la fractura institucional y el escepticismo de la comunidad internacional.

Con información de EFE