A partir de esta reforma, México se convierte en el primer país del mundo donde los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, serán elegidos mediante voto popular
Actualidad Sala de redacción
El Congreso de México aprobó recientemente una ambiciosa reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que introduce un cambio histórico en el sistema de justicia del país.
A partir de esta reforma, México se convierte en el primer país del mundo donde los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, serán elegidos mediante voto popular, un aspecto que generó tanto elogios como fuertes críticas.
"Vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial, está más que demostrado, no imparte justicia", dijo López Obrador.
La medida llega en un contexto de fricción entre el gobierno y la Suprema Corte, que bloqueó varias leyes clave del oficialismo. En ese sentido, la presidenta de la corte, Norma Piña, aseguró que la elección de jueces y magistrados supone una "demolición" del Poder Judicial.
A continuación, cinco puntos fundamentales para entender esta reforma y sus implicaciones:
El cambio más significativo y polémico de esta reforma es la elección de jueces y magistrados a través de comicios extraordinarios, programados para 2025 y 2027. Los candidatos serán propuestos por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizando una representación paritaria. Con esta medida, se elimina el actual sistema en el que los jueces de la Suprema Corte son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, mientras que los jueces federales son seleccionados por el Consejo de la Judicatura.
El gobierno asegura que esta reforma democratiza el sistema judicial y combate la corrupción, pero sus críticos advierten que podría poner en riesgo la independencia judicial, al hacer a los jueces más susceptibles a influencias políticas y del crimen organizado.
México se posiciona como pionero en este tipo de sistema, ya que no existe en otros países un modelo similar a nivel nacional. En algunos estados de Estados Unidos, los jueces locales son electos por votación, pero ninguna nación ha adoptado una elección popular a nivel federal de la magnitud de México. El caso más cercano es Bolivia, donde los jueces de las altas cortes son electos por voto popular, aunque con grandes críticas a la falta de independencia judicial.
Otro aspecto relevante de la reforma es la reducción en el número de ministros de la Suprema Corte, que pasará de 11 a 9 miembros. Además, la duración de su mandato será disminuida de 15 a 12 años, y se eliminará la pensión vitalicia que estos ministros recibían al finalizar su periodo.
Esta medida también establece que ningún juez puede percibir un salario mayor al del presidente, una disposición que ya existía pero rara vez se cumplía de manera efectiva.
La reforma también implica la disolución del Consejo de la Judicatura Federal, el organismo encargado de supervisar el comportamiento y desempeño de jueces y magistrados.
En su lugar, se creará un Tribunal de Disciplina Judicial, con el poder de investigar a jueces, remitir casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos ante el Congreso. Este cambio busca aumentar la transparencia y fortalecer la supervisión sobre el sistema judicial, aunque algunos expertos temen que pueda politizar los procesos de sanción.
En un país donde la violencia y el crimen organizado son una amenaza constante, la reforma incluye la figura de "jueces sin rostro", cuya identidad será protegida para evitar represalias en casos de alto perfil. Aunque esta práctica ha sido adoptada en países como Colombia y El Salvador, en México levantó preocupaciones sobre la transparencia y el derecho a un juicio justo, dado que se dificulta evaluar la imparcialidad de los jueces.
La impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90%, según la propia Suprema Corte.
Algunos magistrados de ese tribunal, Estados Unidos, Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch advierten que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales.
Con información de Diario Las Américas
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