Carles Puigdemont, que tiene una orden de detención vigente, apareció el pasado 8 de agosto en Barcelona y dio un breve discurso en el paseo de Lluis Companys, a pocos metros de un amplio dispositivo policial, desplegado para la investidura del socialista Salvador Illa
Noticias Agencias
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a los juzgados de Barcelona los informes policiales relacionados con la entrada en España, y posterior huida, del expresidente catalán Carles Puigdemont el pasado agosto sin ser detenido, ante la posibilidad de que se cometiesen varios delitos.
El magistrado, que no tiene competencias para investigar estos hechos, considera que no se puede excluir “la participación de otros responsables no aparentes en los delitos” de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento, y por ello remite los informes a los juzgados de Barcelona “a los efectos legales oportunos”.
Carles Puigdemont, que tiene una orden de detención vigente, apareció el pasado 8 de agosto en Barcelona y dio un breve discurso en el paseo de Lluis Companys, a pocos metros de un amplio dispositivo policial, desplegado para la investidura del socialista Salvador Illa; después, logró escabullirse entre los congregados sin ser detenido y consiguió salir de España.
El juez del Supremo pidió explicaciones tanto al Ministerio del Interior como a los Mossos d’Esquadra y, tras recibir sendos informes, ha llegado a la conclusión de que estos “no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección” del expresidente autonómico hasta el escenario donde dio aquel discurso.
Admite que el informe de los Mossos expresa “la dificultad de abordar la detención” de Puigdemont “en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga”, si bien no ve esos “impedimentos” en detectar al expresident en dichos momentos.
Este informe, dice Llarena, tampoco refleja la “imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional”.
Todo ello, afirma el magistrado, “impide excluir la participación de otros responsables no aparentes” en los mencionados delitos.
Tres agentes de los Mossos d’Esquadra fueron detenidos por ayudar supuestamente a huir a Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición y dos de ellos fueron suspendidos de empleo y sueldo de forma cautelar.
Por su parte, la Fiscalía se opone a que la justicia investigue al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Josep Rull, y a la cúpula de Mossos por la huida de Carles Puigdemont, al no ver indicios de que actuaran o impartieran órdenes para impedir su detención.
El ministerio público se ha pronunciado así en relación con las querellas que Vox y la asociación Hazte Oír presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la huida de Puigdemont tras su fugaz regreso el pasado 8 de agosto, en las que pedían investigar además al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena y a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán.
Para la Fiscalía, el operativo que diseñaron los Mossos para detener a Puigdemont puede ser “criticado o incluso censurado”, pero no se ha podido constatar que los querellados dieran órdenes o instrucciones a la policía para evitar la detención del expresidente catalán “por razones de afinidad política”.
Con información de EFE
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