La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido una condena de seis años de cárcel para Álvaro García Ortiz, por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos
Noticias Agencias
El empresario Alberto González Amador pide cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación al acusarle de filtrar datos «confidenciales» de su caso de fraude fiscal, para construir «un relato político lesivo».
González Amador solicita también 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, de acuerdo con un escrito al que ha tenido acceso EFE.
También para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el empresario pide tres años de prisión como cooperadora necesaria por el mismo delito de revelación de secretos, además de una multa de 36.000 euros y suspensión de empleo de dos años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial.
Asimismo, González Amador solicita una indemnización conjunta de 300.000 euros por los «padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles, sin que exista un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no lo denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso».
Los padecimientos, continúa, «se han alimentado desde su origen de los recursos institucionales de la Fiscalía General, de la Presidencia del Gobierno de España y del PSOE, afectando a su dignidad y generando constantes sufrimientos, inconvenientes, padecimientos, angustias e incertidumbres a González Amador y todo su entorno familiar directo».
Todo ello es «fruto y resultado de la actividad delictiva» desplegada por García Ortiz «con la esencial colaboración» de Rodríguez, a quienes acusa de haber actuado «despreciando toda la normativa que regula su actividad y violando el primero y más elemental de sus deberes», como es el deber de secreto.
Porque «los daños se han multiplicado como consecuencia de la causa -ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- y fin de la revelación -construir y ganar un relato político-«.
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido una condena de seis años de cárcel para Álvaro García Ortiz, por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos.
Esta asociación, que ejerce la acusación popular en este caso, ha presentado escrito de acusación ante el Tribunal Supremo, tras procesar el juez Ángel Hurtado al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien APIF ha pedido cuatro años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, esta asociación ha pedido que testifique durante el juicio Santos Cerdán, que recientemente ha dimitido como número tres del PSOE por su presunta implicación en el caso Koldo.
APIF ha solicitado asimismo suspender de empleo y sueldo a los dos procesados cuando se dicte auto de apertura del juicio oral, así como una condena de inhabilitación absoluta para ambos fiscales durante doce años.
Con información de EFE
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