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Tras conocerse la noticia del procesamiento del fiscal general por revelación de secretos, García Ortiz anunció que no va a dimitir y ha defendido su inocencia, según han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado
Actualidad Agencias
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos debido a las filtraciones vinculadas con el caso del empresario Alberto González Amador por fraude fiscal.
En un auto, el juez ha dictado que las diligencias previas contra García Ortiz y Rodríguez pasen a ser un procedimiento abreviado, por lo que ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía y a las acusaciones para que pidan la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
Por su parte, Álvaro García Ortiz anunció que no va a dimitir y ha defendido su inocencia, según han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, añaden que el fiscal general se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma, si bien es previsible que la presión sobre García Ortiz crezca conforme pasen los días.
El juez señala que, a nivel indiciario, cabe destacar que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador, «de común acuerdo» admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre.
Dicho correo le fue remitido por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Hurtado destaca que dicho correo «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales» de González Amador, «en una conversación privada» entre letrado y fiscal que está «sujeta a criterios de reserva y confidencialidad», como marca el protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía, y que «llevan aparejado un deber de discreción», por razón del cual «no es tolerable divulgación alguna a terceros».
Es más, argumenta que «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» tras la información publicada por El Mundo el 13 de marzo de 2024 a las 21:29, el fiscal general, «con la finalidad de ganar el relato» sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un pacto de conformidad, «entró en una dinámica de un frenético intercambio» de mensajes con otros fiscales para dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún acuerdo.
Así, llamó a Rodríguez, quien a su vez llamó al fiscal del caso Julián Salto, para solicitarle, por encargo de García Ortiz, que le remitiera inmediatamente los correos entre él y el letrado de González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo. Entre esos correos estaba el email clave del 2 de febrero.
Según el instructor, «la finalidad» era la de reenviarlos inmediatamente al correo particular de García Ortiz, para facilitarlo a la cadena SER y que le diera publicidad, lo que ocurrió a las 23:25 horas en antena y a las 23:51 horas en su web, con una información que añadía que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado.
Esa nota se la envió después el fiscal general a Rodríguez, quien «le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación» -lo que ella niega- que se produjo a las 10:20 horas del 14 de marzo.
Paralelamente, desde Fiscalía General, y antes de que se publicara por otros medios el correo clave, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien lo usó para dar instrucciones al que era líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, para que lo exhibiese en una intervención en la Asamblea de Madrid.
Con información de EFE

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