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Facua denuncia a cuatro parques españoles por restringir entrada con comida, señalando prácticas abusivas y vulneración de derechos del consumidor
Noticias Sala de redacciónLa organización Facua-Consumidores en Acción ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra cuatro destacados parques de atracciones por restringir la entrada con comida y bebida.
Según la entidad, esta medida busca obligar a los visitantes a realizar compras dentro del recinto, donde los precios son considerablemente más elevados.
Facua solicita a la Dirección General de Consumo que inicie expedientes sancionadores contra Isla Mágica, Parque Warner, Port Aventura y Terra Mítica.
La asociación considera que estas prácticas vulneran el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que recoge el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, junto con otras normativas complementarias.
Además, Facua ha llevado a cabo un estudio comparativo sobre el comportamiento de varios parques temáticos europeos, concluyendo que en dichos recintos no se aplican restricciones similares en el ejercicio del derecho de admisión.
Entre los parques que permiten la entrada con alimentos y bebidas figuran Disneyland París y Parc Astérix (Francia), Europa-Park (Alemania), Legoland Windsor Resort (Reino Unido) y el Parque de los Jardines de Tivoli (Dinamarca), según afirma la organización.
En este contexto, apunta que Parque Warner alega unas injustificadas "razones de higiene y seguridad" en los términos de acceso publicados en su web, mientras que Terra Mítica argumenta también que lo hace por "salubridad", "motivos de higiene y seguridad alimentaria".
Por su parte, Isla Mágica y Port Aventura no exponen las causas por las que no permite entrar con bebida y con comida preparada en casa o comprada fuera de los parques.
Facua advierte de que esta limitación "no obedece a la necesidad de preservar la seguridad ni la higiene dentro del parque ni a ninguna otra causa objetiva, sino exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios, forzando a los consumidores a adquirir bienes de consumo dentro del parque a precios notablemente superiores a los que podrían encontrar en el mercado, restringiendo su libertad de elección y causándoles un perjuicio económico".
En sus denuncias, la asociación argumenta que la actividad principal de estas empresas es la de establecimientos recreativos en su modalidad de parques de atracciones y temáticos.
Así, apunta que el servicio de restauración "es una actividad complementaria, que no forma parte del precio de la entrada para el servicio contratado por los usuarios visitantes, lo que convierte la práctica descrita en una imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados, además de una limitación de los derechos de los usuarios y un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor".
"Y es que comer y beber dentro del parque sí esta permitido, prohibiéndose únicamente si los alimentos no son adquiridos dentro del parque", añade.
Así, Facua advierte de que la prohibición del acceso con comida y bebida es una práctica abusiva tipificada en el artículo 86.7 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece como tales las cláusulas que prevean la imposición de cualquier "renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario".
Asimismo, la asociación considera que representa una cláusula abusiva prohibida por el artículo 82.1 de la ley ya que, "en contra de las exigencias de la buena fe", causa "un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes" en perjuicio del consumidor.
El mismo artículo indica que son abusivas las cláusulas que "limiten los derechos del consumidor" y "resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato".
De hecho, Facua señala en sus denuncias que los parques incurren en la imposición indirecta de "servicios accesorios no solicitados", práctica prohibida en el artículo 89.4 de la ley.
Y es que, teniendo en cuenta que el número de horas que permanecen en los recintos, los consumidores se ven obligados a adquirir en su interior los productos necesarios para satisfacer las necesidades de alimentación e hidratación.
Con información de El Mundo
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