Si en la investigación preliminar se determina que hay indicios de incumplimientos podría terminar en una sanción de hasta 100.000 euros o podría alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido
Actualidad Agencias
La investigación que ha abierto el Ministerio de Consumo sobre las viviendas turísticas que operan sin licencia se centra en las empresas y en los propietarios que las publicitan, no en las plataformas donde las anuncian, tal y como ha asegurado a EFE el director general de Consumo, Daniel Arribas.
“Lo que se está viendo en esta investigación previa es la actividad que se genera en el seno de las propias plataformas, no su actividad”, ha incidido el responsable de la Dirección General, quien ha iniciado esta investigación sobre “potenciales prácticas comerciales desleales” en relación con este tipo de viviendas, que se anuncian en plataformas destinadas al alquiler turístico.
Según Arribas, las plataformas, como intermediarias, permiten que se aloje determinada información en su seno, y es sobre los responsables de esa información (los propietarios o las empresas que llevan a cabo esta actividad comercial) que se centra esta investigación en estos momentos.
Según explica Arribas, para obtener los datos necesarios para corroborar estas prácticas desleales, Consumo tiene que hacer requerimientos a las principales plataformas que operan en este sector en la totalidad del país”, y cuyo nombre no ha precisado, porque son quienes alojan esa información.
Si de esta investigación preliminar se determinase que hay indicios de incumplimientos se abriría un expediente, que se tendría que tramitar en nueve meses, y podría terminar en una sanción de hasta 100.000 euros. Esta cantidad, no obstante, podría ser superior hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, dependiendo del volumen de infracciones.
La sanción, además de ser pecuniaria, podría llevar de forma complementaria la prohibición de seguir realizando este tipo de infracciones.
No obstante, la cuestión es si el Ministerio se plantea actuar más allá de lo que es esta investigación con respecto a las viviendas turísticas que operan de forma no legal y que se publicitan, porque Arribas avanza que se “están valorando las sanciones que se pueden llevar a cabo” respecto de los pisos que no cumplan con la normativa y se publicitan.
Desde la Dirección de Consumo se han enviado requerimientos de información a las plataformas, porque, como también ha dicho la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea, han tenido constancia oficial de “incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico”, que en algunas ciudades podría llegar a más de 90%.
Y si esos alojamientos son ilegales, según Medialdea, su publicidad también lo sería y eso es competencia de Consumo, “el perseguirla -ha dicho-, inspeccionarla y, en su caso, sancionarla”.
España contaba a cierre de febrero pasado con 351.389 viviendas de uso turístico (VUT), 1,3% del parque total de casas, según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que constata una tendencia creciente, más acusada en la temporada de verano.
Las más de 351.000 viviendas que recoge el INE en su encuesta experimental, con datos a cierre de febrero, son 46.253 más que un año antes (15% de aumento) y albergan 1,75 millones de plazas, que representa 13,3% de aumento. Las plazas por vivienda se sitúan en torno a cinco.
En porcentaje sobre el total de viviendas en España, las cifras de febrero sitúan las VUT en 1,3 %, por encima del 1,2 % de un año antes y del 1,1 % de febrero de 2022.
Esta estadística del INE solo recoge datos desde agosto de 2020, en plena pandemia, cuando registró 321.496 viviendas de alquiler vacacional.
Las comunidades autónomas con mayor concentración de este tipo de alojamientos son, lógicamente, las más turísticas, y el “mapa de calor” que dibujan los datos del INE sitúa en rojo prácticamente toda la costa, salvo el País Vasco.
Con información de EFE
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