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La líder de Sumar ha confirmado que tiene consensuado ya un reglamento con los agentes sociales para hacer perceptivo que las compañías de 50 o más empleados deban negociar con sus plantillas
Actualidad Sala de redacciónLa vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado un acuerdo con patronal y sindicatos para obligar a las empresas a tener protocolos contra el acoso a las personas LGTBI.
La líder de Sumar ha confirmado que tiene consensuado ya un reglamento con los agentes sociales para hacer perceptivo que las compañías de 50 o más empleados deban negociar con sus plantillas una serie de medidas para garantizar la igualdad laboral de las personas con orientación o identidad sexual no normativa.
Lo que pasará, entre otros, por impartir cursos de sensibilización entre toda la plantilla o dar formación específica para la no discriminación al personal encargado del reclutamiento y las promociones, entre otros.
La fecha de entrada en vigor de las medidas pactadas todavía no está definida. Según apuntan fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo.
La titular de Trabajo ha anunciado el acuerdo en una entrevista en 'La Sexta' y fuentes tanto de patronal como de los sindicatos lo confirman.
Es el primer acuerdo en el seno del diálogo social en el que está la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desde hace más de un año. La idea que manejan desde el departamento de Díaz es realizar un acto para formalizar el acuerdo sobre el reglamento, si bien todavía no está claro si en el mismo participarán los agentes sociales.
La confección de un reglamento común para que las empresas tengan una referencia y puedan cumplir la ley de igualdad aprobada el año pasado llega con retraso.
Según lo estipulado en la Ley 4/2023, desde el 4 de marzo todas las compañías de 50 o más empleados debieren tener listas una serie de actuaciones para evitar discriminaciones en su seno. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no inició las conversaciones para definirlo hasta inicios de este año y no ha podido cerrar un texto conjunto hasta ahora.
Díaz suspendió las actuaciones de Inspección de Trabajo para revisar si las empresas cumplían o no con esta nueva obligación hasta tener pactado un reglamento que les sirva de referencia y les diga cuáles deberán ser las actuaciones concretas que deberá abordar.
El espíritu de la norma busca generar espacios seguros en los centros de trabajo para frenar la discriminación al colectivo LGTBI. Según un informe que realizó el sindicato UGT al respecto, 75% de las personas LGTBI consideran que no tienen las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el trabajo.
Entre los distintos puntos que sí o sí deberá incorporar el protocolo contra el acoso LGTBI del que deberá disponer toda empresa se encuentra un curso de formación para la plantilla. Este deberá informar a toda la plantilla sobre “definiciones y conceptos básicos sobre diversidad sexual, familiar y de género", según figura en el borrador remitido a los agentes sociales tras la última reunión al respecto.
La idea es dar una serie de conceptos básicos para luego saber identificar las violencias y discriminaciones contra el colectivo LGTBI. También regular los criterios de promoción profesional, para evitar que las personas LGTBI puedan ver frenadas sus carreras por pertenecer a dicho colectivo, ya que esta es una de las fuentes más habituales de discriminación.

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