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El presidente Pedro Sánchez promete movilizar tierras estatales para jóvenes agricultores. Análisis de la medida frente al déficit de vivienda pública estatal
Actualidad Sala de redacción
En un movimiento que busca mitigar simultáneamente el desempleo juvenil y el persistente déficit de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la movilización de 17.000 fincas rústicas de titularidad pública.
La propuesta, presentada en el iHub La Vega Innova de San Fernando de Henares, pretende incentivar que los jóvenes sin casa y en paro se trasladen al campo para liderar un relevo generacional que el líder del Ejecutivo califica de "urgente".
Este anuncio llega en un clima de escepticismo, tras el balance que sitúa en apenas 350 las viviendas públicas entregadas de las 184.000 prometidas originalmente por su administración.
El diagnóstico del Gobierno es claro: solo el 9% de los agricultores españoles tiene menos de 41 años. Sánchez ha subrayado que la incorporación de una generación nativa digital es vital para la supervivencia de la soberanía alimentaria nacional.
El plan estratégico no solo contempla la entrega de tierras, sino que busca captar talento capaz de aplicar la digitalización a la producción agraria.
Según el mandatario, esta iniciativa replica la lógica aplicada anteriormente al suelo urbano: obligar a todos los ministerios a auditar sus activos inmobiliarios para ponerlos al servicio de una "causa común", en este caso, el emprendimiento rural.
A pesar del anuncio, la implementación de la medida requiere un proceso técnico previo. Sánchez ha matizado que las 17.000 fincas serán sometidas a un análisis exhaustivo para valorar su aptitud productiva.
Una vez validada su utilidad, se establecerá un orden de acceso preferente para jóvenes, mujeres y nuevos profesionales del sector. El objetivo es que el Estado lidere una plataforma de gestión de tierras que no dependa exclusivamente de las comunidades autónomas, asumiendo el Gobierno central un papel activo en la dinamización de estas parcelas infrautilizadas.
La estrategia gubernamental mira también hacia Bruselas. Sánchez ha propuesto formalmente que la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 destine un 10% de sus recursos específicamente al relevo generacional.
En un discurso marcadamente europeísta, el presidente lamentó la soledad de España en la defensa de mayores ayudas directas para el campo, instando a las asociaciones agrarias a presionar en el Parlamento Europeo.
Para Moncloa, trasladar la "soberanía nacional a la soberanía europea" es la única vía para garantizar un sistema de ayudas sólido que proteja al productor español frente a la competencia global.
Este plan surge en un momento donde la presión migratoria interna hacia las grandes capitales ha colapsado el mercado del alquiler. Al vincular el acceso a la tierra con la falta de casa, el Gobierno intenta revertir la despoblación de la "España vaciada" ofreciendo una alternativa de vida fuera del entorno urbano.
Sin embargo, la efectividad de la medida dependerá de que estas fincas rústicas cuenten con la infraestructura necesaria para garantizar una vida digna y rentable a los nuevos colonos digitales.
Pedro Sánchez ha sido enfático al declarar que el Gobierno no se limitará a dar instrucciones a las administraciones regionales, sino que "liderará precisamente esta plataforma".
Este enfoque centralizador busca acelerar los plazos de una promesa que pretende ser el salvavidas de un sector agroalimentario envejecido.
Con información de OK Diario

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