Julio Iglesias reacciona tras el archivo de la denuncia en su contra

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dictado el cierre definitivo de las diligencias contra Julio Iglesias, tras la denuncia interpuesta a principios de enero por dos antiguas empleadas.

La decisión, que ha trascendido este viernes, supone la paralización de las investigaciones que analizaban presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos.

Según el decreto de archivo, el sistema judicial español carece de las competencias necesarias para procesar los hechos descritos, al no cumplirse los criterios de territorialidad y nacionalidad exigidos por la ley.

La controversia se originó tras una investigación de El Diario.es y Univision Noticias, que reveló testimonios de episodios ocurridos presuntamente en 2021, durante la etapa laboral de las denunciantes en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas.

Aunque el Ministerio Público abrió diligencias el pasado 5 de enero para evaluar el alcance de las acusaciones, el análisis jurídico final ha determinado que los tribunales españoles no pueden intervenir en un caso donde ni los hechos, ni las víctimas, ni el denunciado mantienen un vínculo de residencia legal en España.

El fundamento del archivo radica en que los sucesos denunciados acontecieron exclusivamente en el extranjero. Al no residir las denunciantes en territorio nacional y carecer el artista de domicilio fiscal efectivo para este proceso en el país, la Fiscalía ha concluido una evidente "falta de jurisdicción".

Este principio impide que la Audiencia Nacional actúe como un tribunal universal para delitos que no presentan una conexión directa con el Estado, cerrando así la puerta a cualquier juicio en suelo español.

Julio Iglesias podría enfrentar hasta 15 años de cárcel, según experta

La respuesta del intérprete no se ha hecho esperar, mostrando un alivio empañado por la indignación. Según ha detallado la periodista Leticia Requejo, Julio Iglesias recibió la notificación a través de su abogado, José Antonio Choclán, y su estado anímico es de absoluta satisfacción.

No obstante, fuentes cercanas aseguran que, aunque se siente "pletórico" por el archivo, persiste una profunda preocupación por el perjuicio causado a su honor.

"¿Quién paga el daño reputacional?", es la pregunta que circula en su entorno íntimo tras semanas de exposición mediática.

Es fundamental comprender que, en el ordenamiento jurídico español, la Justicia solo puede perseguir delitos cometidos fuera de sus fronteras bajo supuestos muy específicos: que el autor sea español o que la víctima posea dicha nacionalidad en el momento de los hechos.

Al tratarse de denunciantes de nacionalidad extranjera, y con sucesos localizados en el Caribe, la competencia de los tribunales de Madrid quedaba anulada desde la raíz del procedimiento.

Por su parte, el equipo legal del artista ha manifestado que la noticia ha sido recibida "con la satisfacción lógica de quien confía en el sistema".

En el lado opuesto, el entorno de las denunciantes ha expresado una profunda decepción; según informaciones de Telecinco, las mujeres albergaban la esperanza de que España ejerciera una labor de supervisión sobre los presuntos abusos.

Con esta decisión, el conflicto queda ahora supeditado exclusivamente a posibles acciones en las jurisdicciones de República Dominicana o Bahamas.

Con información de La Vanguardia