La rebelión en bloque contra el pago del referido impuesto llega después de que Repsol haya pasado a la acción, moviendo el desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde a Portugal después de que advirtiese en su día que deslocalizaría inversiones si el tributo se convertía en indefinido
Economía y Finanzas Sala de redacción
La banca y el sector energético se sublevan en bloque contra la intención del Gobierno de perpetuar el "impuestazo". La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), principales patronales del sector financiero, expresaron ayer su "más enérgico" rechazo y avisaron que dañaría la inversión, a la economía y al empleo, con el riesgo de reducir la capacidad de financiación en 50.000 millones.
En paralelo, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) alertó que puede "desalentar las inversiones en el país", poniendo en peligro los 16.000 millones que el sector proyecta dedicar para su descarbonización hasta 2030.
"Comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor", advirtió la patronal de la que forman parte grandes petroleras como Repsol, Cepsa, Galp o BP, entre otras.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, avisó que la obstinación por convertirlos en permanentes deja "en el limbo" miles de millones de euros en futuras inversiones. "Si queremos que las empresas inviertan y sean competitivas tenemos que ganar dinero", dijo y alertó del daño a la industria "si se le ponen impuestos a la carta".
Desde la patronal de la industria química Feique, su director general Juan Antonio Labat añadió ingredientes a la queja y la polémica, al señalar que el mal diseño del tributo ha obligado a pagarlo a compañías sufriendo pérdidas porque se aplica en los ingresos y no en el resultado, en alusión directa a Cepsa, que soportó un cargo de 244 millones pese a registrar 233 millones en números rojos.
La rebelión en bloque llega después de que Repsol haya pasado a la acción, moviendo el desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde a Portugal después de que advirtiese en su día que deslocalizaría inversiones si el tributo se convertía en indefinido. El movimiento de la multienergética ha torpedeado, de hecho, las intenciones de Moncloa de perpetuar ambos gravámenes al conseguir que Junts per Catalunya se oponga a cualquier iniciativa que amenace inversiones en Cataluña.
La intención del Ejecutivo era acometer el cambio fiscal vía enmienda a la normativa que tramita el Congreso para fijar la tributación mínima de los grupos multinacionales y grandes corporaciones en el 15%, pero la posición de Junts impediría sacarlo adelante, lo que le ha obligado, por lo pronto, a retrasar su votación ampliando el periodo de presentación de enmiendas al día 30.
La situación obligó ayer al Gobierno a admitir que tendrá que renunciar a mantener los impuestos temporales a las energéticas y a la banca si no consigue los apoyos parlamentarios necesarios, aunque de momento no arroja la toalla y está esperanzado a "convencer de las bondades de pedir un mayor esfuerzo a aquellos que han tenido mayores beneficios", según informó EFE.
También el PNV añadió tensión al proceso. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, expresó el temor a que el impuesto a las energéticas termine ahuyentando la inversión de las empresas afectadas. El PNV podría aceptar el cambio si se establece como impuesto dentro del concierto vasco, lo que permitiría al gobierno autonómico modificar los tipos de gravamen o bonificarlos, algo que, con la figura actual (prestación patrimonial pública no tributarias), no puede hacer.
La vicepresidenta Montero ha confiado en poder superar las discrepancias, también con Junts, con el que cree que se abre una oportunidad de diálogo una vez celebrado su congreso político este fin de semana. Una formulación que parece haberse barajado es que, en lugar de gravar los ingresos de las energéticas, el tributo aplique al beneficio bruto o al operativo, incluyendo como incentivo su exoneración en las inversiones que se realicen en España, algo que permitiría cuadrar el círculo de empujar proyectos en el país o tributar.
Desde la banca, la AEB y CECA criticaron que España será el único país con un impuesto así, algo que supone una desventaja competitiva para las entidades y va contra las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que abogan por mantener esos recursos dentro de las entidades para que refuercen el crédito a empresas y familias.
Para el sector carece de sentido perpetuar un tributo que se justificó en los resultados "extraordinarios" obtenido con las subidas de tipos cuando ahora están a la baja y el euribor es hoy inferior al existente cuando nació el gravamen. El Instituto Español de Analistas alertó también de que sería "especialmente lesivo" para las pymes, al no tener en consideración las provisiones, un cargo que es particularmente oneroso en sus créditos.
"Si el Gobierno no cuenta con una mayoría suficiente, no podrá cumplir con que esos impuestos permanezcan a lo largo del tiempo", reconoció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque confía en "convencer" a los partidos de las "bondades" de continuar con los tributos.
Al otro lado y frente a las reticencias de Junts y PNV, Sumar reclama perpetuarlos porque bancos y energéticas "no pagan prácticamente" Impuesto de Sociedades. Ambos sectores tributan al 30% en dicho impuesto, frente al 25% fijado para el resto de compañías.
Con información de elEconomista
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