La presión de Washington sobre Caracas se intensifica. El pasado sábado, personal estadounidense incautó un petrolero con bandera panameña frente a las costas de Venezuela, en una operación dirigida por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El buque transportaba petróleo venezolano con destino a Asia, según confirmó un funcionario norteamericano.
Se trata del segundo caso en dos semanas de una incautación en aguas cercanas a Venezuela. El 10 de diciembre, Estados Unidos había confiscado el petrolero Skipper, sancionado por sus vínculos con Irán.
En esta ocasión, el buque interceptado no figuraba en la lista de sancionados, aunque la tripulación no se opuso a la operación.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, difundió un vídeo en redes sociales donde se observa un helicóptero sobrevolando el petrolero durante la operación.
“Estados Unidos seguirá persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, afirmó.
La respuesta de Caracas no se hizo esperar. El canciller venezolano, Yván Gil, anunció que había conversado con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para revisar las relaciones bilaterales y coordinar acciones frente a lo que calificó como “actos de piratería” y “terrorismo internacional” por parte de Washington.
Gil aseguró que Teherán expresó su plena solidaridad con Venezuela y ofreció cooperación “en todos los ámbitos” para enfrentar las incautaciones.
La operación se enmarca en un escenario de máxima tensión. El presidente Donald Trump anunció esta semana un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, reforzando las medidas contra el sector energético del país.
Además, Estados Unidos ha desplegado miles de tropas y un grupo de ataque de portaaviones en el Caribe, acompañado de ataques contra supuestas embarcaciones narcotraficantes.
Según datos oficiales, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido 29 embarcaciones y causado la muerte de 104 personas en operaciones que Washington presenta como parte de su lucha contra el narcotráfico y la migración irregular.
Sin embargo, en Caracas se interpretan como una campaña de presión directa contra el presidente Nicolás Maduro, cuyo derrocamiento sería, según declaraciones de la Casa Blanca, el verdadero objetivo.
El anuncio del bloqueo subraya el interés de Trump en el petróleo venezolano, al que considera que Estados Unidos debería tener acceso si Maduro es destituido.
La estatal PDVSA controla la industria petrolera del país, mientras que Chevron, con sede en Houston, es la única empresa estadounidense que opera en Venezuela bajo una exención de sanciones.
Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su producción se encuentra muy por debajo de la capacidad debido a las sanciones internacionales. Gran parte del petróleo se dirige a China, lo que refuerza la dimensión geopolítica del conflicto.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez condenó la incautación, calificándola de “robo y secuestro de un buque privado que transportaba petróleo venezolano”.
En un comunicado, aseguró que el país “tomará todas las medidas apropiadas”, incluyendo elevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU y a otras organizaciones multilaterales. Caracas insiste en que defenderá su soberanía frente a lo que considera una “amenaza imprudente y grave” de Washington.
Con información de CNN
