La batalla jurídica de Nicolás Maduro en suelo estadounidense ha dado un giro inesperado. El equipo legal del mandatario venezolano solicitó formalmente ante los tribunales de Nueva York la desestimación de la cuarta acusación sustitutiva en su contra por narcotráfico y corrupción.
El argumento central de la moción, presentada por el abogado Barry Pollack, sostiene que el Gobierno de Estados Unidos está asfixiando financieramente la capacidad de defensa del acusado al bloquear los fondos destinados a sufragar sus honorarios profesionales.
La controversia escaló tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de denegar la licencia necesaria para que Caracas financie los gastos legales de Maduro.
Según la documentación judicial, la agencia dependiente del Tesoro se ha negado a reconsiderar su postura, una acción que Pollack califica como una "interferencia directa" con el derecho del procesado a contratar al abogado de su elección, principio consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
En una declaración jurada incorporada al expediente, Maduro afirma carecer de fondos personales para costear un proceso de esta magnitud y defiende su derecho a que la República Bolivariana de Venezuela asuma los costes, dada su condición de jefe de Estado.
El mandatario subrayó que el Gobierno venezolano está "dispuesto y preparado" para realizar dichos pagos, aclarando que se trata de dinero de procedencia legítima y ajeno a las actividades ilícitas descritas en la acusación criminal.
La defensa ha lanzado una advertencia severa al juez Alvin Hellerstein: cualquier juicio celebrado bajo estas restricciones financieras será "inconstitucionalmente defectuoso".
Barry Pollack ha sido tajante al señalar que la OFAC está prohibiendo la recepción de "fondos no contaminados" mientras, paradójicamente, Washington autoriza otras transacciones comerciales con el país caribeño.
De no prosperar la solicitud de desestimación, Pollack ha manifestado su intención de retirarse del caso de forma reticente.
Nicolás Maduro fue extraditado y detenido en Estados Unidos para enfrentar cargos de narcoterrorismo, en un proceso histórico que comenzó el pasado 5 de enero.
Las sanciones económicas impuestas por Washington a Caracas obligan a cualquier entidad bajo jurisdicción estadounidense a solicitar licencias específicas para operar con fondos provenientes del Estado venezolano.
Por su parte, el representante legal de la República Bolivariana, Henry Rodríguez Facchinetti, respaldó la moción confirmando que Caracas tiene la obligación legal de cubrir la defensa de su presidente.
Facchinetti aseguró que los fondos destinados a este asunto están plenamente verificados y no guardan relación con ninguna actividad ilegal.
La negativa de la OFAC, que inicialmente otorgó una licencia para luego revocarla en menos de tres horas, coloca el proceso en un limbo jurídico que el tribunal deberá resolver en las próximas semanas.
Con información de EFE
