El Supremo pide a la UCO los números y titulares de los móviles intervenidos al fiscal general

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha expedido un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le proporcione los números de teléfono y de IMS/IMEI y la titularidad de las tarjetas de los dispositivos móviles intervenidos en el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Hurtado ha dictado una providencia para solicitar a la UCO esa información que figura en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el pasado 30 de octubre en el despacho del fiscal general, investigado por la presunta filtración de un correo en el que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asumía haber defraudado a Hacienda.

En la providencia, Hurtado, instructor de la causa, señala que adopta esta decisión a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión del mismo.

Fiscalía dice que García Ortiz borró los mensajes de los días de la presunta filtración por protocolo de seguridad

Este lunes, una de las acusaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha solicitado ampliar la imputación del fiscal general en un escrito en el que ha puesto el foco en el posible cambio de números de teléfono de miembros del equipo de García Ortiz.

En su opinión, es necesario saber si el fiscal general "ha cambiado de terminal móvil" desde el 13 de marzo hasta la actualidad y "los IMEI afectados" porque "la UCO ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo".

Dichos días son clave en la investigación pues el 14 de marzo por la mañana se publicó por primera vez la carta íntegra de reconocimiento de delitos que venía en el correo en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto al fiscal.

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Buscar posibles mensajes del fiscal general con Moncloa

El abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al Tribunal Supremo que amplíe la investigación en torno a los dispositivos del fiscal general para buscar si hay mensajes relacionados con su causa por presunto fraude fiscal con una asesora de Moncloa y el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.

La representación letrada del empresario Alberto González Amador ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que pide nuevas diligencias de investigación, entre ellas la imputación del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe.

González Amador es acusación particular en la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos en torno a la filtración de un correo en el que la defensa del empresario admitía en su nombre haber defraudado a Hacienda para llegar a un pacto con el fiscal.

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Después de que la Guardia Civil hallase "0 mensajes" en los dispositivos del fiscal general entre el 8 y 14 de marzo -período de análisis fijado por el juez-, el abogado del empresario pide que se amplíe el análisis pericial a todos mensajes relacionados con los hechos que se investigan de "todas las conversaciones" que se hayan mantenido, en su caso, con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera o el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, sin delimitación de tiempo.

También con su sucesor, Ion Antolín, que ha dimitido al frente de la Secretaria de Estado de Comunicación, y con la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espadas, además de varios periodistas.

En su último informe, la UCO cree que los cuatro primeros habrían tenido conocimiento del correo del abogado del novio de Ayuso "antes de ser publicado en ningún medio".

González Amador también solicita saber cuántas veces ha cambiado el fiscal general de móvil y que entregue los dispositivos que ya no usa, así como pedir información a las compañías telefónicas en torno a las líneas utilizadas por los investigados.

Con información de EFE