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El tribunal, con mayoría progresista, tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de una ley que entró en vigencia el pasado mes de junio
Actualidad Agencias
El Tribunal Constitucional puede tener este año un papel importante para desencallar la aplicación de amnistía a los líderes del procés, que siguen sin pasar página a su historial penal, mientras la justicia europea analiza en paralelo la ley.
El tribunal, con mayoría progresista, tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de una ley que entró en vigencia el pasado mes de junio, con efectos dispares: se han zanjado la mayoría de causas abiertas a manifestantes y a policías, pero no así las de los líderes independentistas, con lo que siguen en pie tanto la orden de detención de Carles Puigdemont como la inhabilitación de Oriol Junqueras.
Además, deberá pronunciarse sobre los recursos de amparo planteados por los líderes del procés contra la negativa del Supremo a perdonarles el delito de malversación.
En concreto, el Tribunal Constitucional tiene oportunidad de corregirlo y desbloquear así la aplicación de la amnistía en su caso, aunque el Supremo aún podría acudir a la justicia europea, en su última carta para mantener el perdón en suspenso.
Antes de entrar en materia, el TC tiene previsto decidir en enero sobre la recusación del magistrado conservador José María Macías, que la Fiscalía planteó argumentado que en su anterior cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intervino en varios informes contrarios a la amnistía.
Posteriormente, el pleno se proponer abordar los dos principales recursos contra la ley, el del PP y el del Tribunal Supremo, unas resoluciones que confían tener listas para el verano, según han apuntado a EFE fuentes jurídicas. Les seguirán los que han formulado, en el mismo sentido, una quincena de comunidades autónomas.
Solo cuando hayan resuelto si la amnistía tiene encaje constitucional, los magistrados estudiarán si el Supremo ha vulnerado los derechos de los líderes independentistas al descartar perdonarles el delito de malversación, con el argumento de que obtuvieron un beneficio personal patrimonial con el procés y que los gastos del 1-O causaron perjuicio a las finanzas europeas.
Pero aunque el TC decida que Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers de su Govern deben ser amnistiados, el Supremo podría optar por plantear una cuestión prejudicial sobre la ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría retrasar hasta uno o dos años la decisión.
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