El juez cita como testigo a González Amador en la causa del fiscal general

El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha citado como testigo a Alberto González Amador para que declare el próximo 23 de mayo en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.

En enero pasado, el magistrado denegó que González Amador fuese citado como testigo antes de las declaraciones del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, porque suponía «una dilación para la declaración de los investigados», aparte de entender que podía resultar perjudicial para el acusado.

No obstante, la Sala de lo Penal consideró de manera parcial el recurso del fiscal general e indicó que, «siendo la propia defensa quien solicita la declaración» de González Amador, no ve motivo para su denegación.

«Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos», reza."

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También por orden de la Sala, el magistrado ha acordado citar el próximo 16 de mayo a los peritos que firman el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el material intervenido en el registro del despacho de Rodríguez, que es la clave sobre la que pivota toda la investigación y que advierte de la «participación preeminente» de García Ortiz en los hechos.

Pieza separada

Por otra parte, el instructor ha abierto una pieza separada, que declara secreta por un mes, en la que incorpora la respuesta de las autoridades irlandesas a las comisiones rogatorias libradas a Whatsapp y Google para que aportasen cuantos datos obraban en su poder respecto del fiscal general para intentar recuperar la información de sus móviles, que fue borrada, así como de una cuenta de correo electrónico.

Al respecto, ha encargado a la UCO un análisis pericial de inteligencia sobre la información procedente de dicha comisión rogatoria limitada a los hechos objeto de investigación y a los días 8 y 14 de marzo de 2024, algo que era preciso en «caso de que fuera exitosa, como parece haber sido», lo que sugiere que sendas empresas han podido encontrar información relevante para la causa.

Por otra parte, la Sala no accede a la petición del fiscal general de intervenir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que sostuvo que no facilitó a los periodistas el correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto informa al letrado de la denuncia y de la posibilidad de pacto hasta las 22:21 horas del 13 de marzo, cuando ya estaba publicada la noticia de El Mundo, según recoge EFE.

«No se vislumbra la necesidad de que su dispositivo telefónico, en tanto tiene la condición de testigo, deba ser objeto de un volcado» porque «a dicha persona no le afecta deber alguno de confidencialidad con respecto a actuaciones que no se siguen en las dependencias en las que sirve, razón por la cual una medida como la interesada debería estar dotada de alguna razón especial, un motivo reforzado, que se desconoce».

Con información de EFE