El empresario Alberto González Amador ha declarado este jueves ante la jueza defendiendo sus negocios con Quirón Prevención y ha tratado de desvirtuar la tesis de la Fiscalía de que pagó una comisión encubierta de 499.836 euros.
Esta ha sido la primera vez que González Amador ha dado explicaciones sobre la supuesta corrupción en los negocios y administración desleal en sus relaciones empresariales con la mercantil de Quirónsalud.
Según fuentes jurídicas, a la salida de su declaración González Amador se ha mostrado «feliz y contento de lo declarado».
La comparecencia del empresario ha durado casi dos horas y media, en las que presentó una serie de documentos con los que ha intentado derribar las sospechas de que pudo pagar una comisión encubierta a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL por una empresa que, según el fiscal, carecía de valor, y de la que luego se habría servido para facturar sus servicios con el grupo.
Su declaración, en la que ha respondido a la jueza, al fiscal y a sus abogados, pero no a las acusaciones populares, se enmarca en una pieza separada del proceso principal en el que también está investigado por presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda y falsedad documental.
Según las fuentes consultadas, durante su comparecencia, González Amador se ha centrado en justificar la compra, por casi medio millón de euros, de la empresa Círculo de Belleza a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL.
Una operación en la que la Fiscalía ve una posible comisión encubierta ya que, sostiene, dicha empresa «carecía de valor» porque ni tenía inmuebles ni empleados y su activo material se limitaba a un ordenador portátil «sin valor» y a tres aparatos de depilación y remodelación corporal.
Sin embargo, han explicado las fuentes, ha justificado ese valor en que esta empresa tenía una interesante red de contratos de distribución, de modo que ha defendido la legalidad de su compra.
También ha relatado ante la jueza que durante la inspección que le hizo Hacienda y que derivó en su investigación por fraude, él aportó documentación de sus contratos con el grupo Quirón, si bien -según su versión- la Agencia Tributaria nunca cuestionó esta compra ni le requirió los contratos de esta operación.
Las sospechas de la Fiscalía y las acusaciones populares de Más Madrid y PSOE se fundamentan también en que González Amador cambió poco después el nombre de la empresa que le había comprado a la mujer del directivo de Quirón Prevención y pasó a ser Masterman & Whitaker.
Y es esta empresa la que -según las sospechas de la jueza- podría haber utilizado el empresario de forma interpuesta y simulada en la facturación de unos servicios a Quirón Prevención SL para conseguir un «ahorro fiscal».
Una tesis que el investigado también ha rechazado durante su comparecencia al negar que utilizase alguna sociedad interpuesta y al defender que, en realidad, lo que intentaba hacer era agrupar todos sus negocios en la misma sociedad.
González Amador ha acudido puntual a su cita en los juzgados madrileños -la segunda este año- en la Plaza de Castilla, con una carpeta bajo el brazo y sin hacer declaraciones a los medios apostados en la sede judicial, ni a su entrada ni a su salida.
Con información de EFE
