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La acusación popular pide tres años de prisión tanto para David Sánchez como para el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo
Actualidad Agencias
La jueza que investiga la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz ha decidido enviarlo a juicio por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras rechazar su recurso contra el procesamiento.
El pasado 28 de abril, la magistrada Beatríz Biedma dictó un auto de procesamiento contra el hermano del presidente de Gobierno y a otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.
El texto ha llegado luego de que Gallardo iniciara los primeros trámites para entrar en la Asamblea de Extremadura, con lo que adquirirá la condición de aforado y su caso deberá ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
El auto judicial emitido este jueves 22 de mayo, junto con otras resoluciones, rechaza los recursos presentados por los acusados contra su procesamiento. Sin embargo, aún pueden apelar estas decisiones ante la Audiencia Provincial.
«Habiéndose resuelto los recursos de reforma interpuestos contra el mismo, la admisión de los recursos de apelación no tiene efecto suspensivo del procedimiento», aclara la jueza, por lo que «no procede el sobreseimiento de la causa» y da por «reproducidos los argumentos ampliamente expresados en el auto de procedimiento abreviado».
La jueza también aborda en el auto «la procedencia de la apertura del juicio oral solo a instancias de la acusación popular», unificada en Manos Limpias.
El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo «conocimiento previo» de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había «creado para él», se presentó a la convocatoria «e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo».
La jueza considera que la creación del puesto fue «a petición, seguramente, de persona o personas» del entorno de David Sánchez que «conocían la necesidad» de este, quien «en ese momento carecía de trabajo estable».
Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y las entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como «objetivo» que fuera ocupado por David Sánchez.
La jueza también procesa a Luis María Carrero, quien fuera empleado del Ministerio de Presidencia.
Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de «su amistad íntima» con Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.
La acusación popular pide tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Gallardo.
En esta línea, el PSOE no se ha pronunciado hasta el momento sobre el caso de David Sánchez y ha pedido esperar porque aún queda la vía de los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial.
Fuentes socialistas no han querido entrar a valorar la decisión de la jueza de Badajoz que ha decidido este jueves enviarlo a juicio tras rechazar su recurso contra su procesamiento por su contratación como coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la capital pacense.
Con información de EFE

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