Begoña Gómez imputada por presunta malversación en Moncloa: citada a declarar en septiembre

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la contratación de Cristina Álvarez como asesora en el Palacio de la Moncloa.

La citación judicial de Begoña Gómez está programada para el próximo 11 de septiembre a las 10:30 horas, según consta en la resolución emitida este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Hasta ahora, Gómez figuraba como investigada en el marco de una causa que abarca presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en actividades empresariales, uso indebido de marca e intrusismo profesional. Aunque el juez ya había iniciado diligencias sobre la posible malversación vinculada a la contratación de Álvarez, no había formalizado dicha imputación hasta ahora.

La investigación judicial se estructura en torno a cuatro líneas principales:  

1. El presunto tráfico de influencias ejercido por Gómez en favor del empresario Carlos Barrabés. 
2. Su papel en la gestión de la cátedra universitaria y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense. 
3. La posible apropiación indebida del software vinculado a dicha cátedra. 
4. El nombramiento de Cristina Álvarez como asesora personal.

Este nuevo avance en el proceso judicial refuerza el foco sobre las actuaciones de Gómez en el ámbito institucional y académico, y marca un punto de inflexión en la instrucción del caso.

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Además de citar a Gómez, el instructor ha visto pertinente tomar declaración también como investigada a la propia Álvarez, a quien cita el día 10 de septiembre, a las 11.00 horas.

Cabe recordar que la trabajadora de Moncloa ya ha declarado como testigo y como investigada en este procedimiento, aunque el pasado junio la Audiencia Provincial de Madrid anuló su testifical y validó únicamente lo que manifestó en su declaración como investigada, ratificando en este sentido los indicios en su contra de presuntos delitos de tráfico de influencias.

Peinado ha acordado citar a Álvarez a raíz del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar a la asesora.

Para justificar la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, el juez incluye un extracto del auto de la Audiencia Provincial. "Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento", apuntaban los magistrados.

Ello, para la Audiencia Provincial, "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno".

"Es, por tanto, procedente citar en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez", concluye ahora Peinado.

La decisión del instructor supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.

Al margen, en el auto dictado este lunes, Peinado aprovecha para avisar que no ha recibido notificación alguna de la decisión del Tribunal Supremo de archivar la exposición razonada que envió pidiendo que se investigara al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el nombramiento de Álvarez.

"No se tiene conocimiento todavía en la sede de este juzgado, al no haberse recibido copia del mismo", ha recalcado el instructor, en referencia al auto del Supremo del pasado 15 de julio.

Con información de Europa Press