El juez amplía la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026

El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido extender hasta abril de 2026 la investigación que mantiene abierta contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos, se prolonga debido a la existencia de “numerosas diligencias pendientes de resolver”.

Esta decisión queda recogida en un auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se especifica que la prórroga de seis meses comenzará a computarse desde el 16 de octubre de 2025.

De este modo, el proceso podría mantenerse activo hasta mediados de abril de 2026, coincidiendo con el segundo aniversario desde que se inició la investigación.

En el mismo documento, el juez confirma que la Audiencia Provincial de Madrid ha comunicado que la instrucción debe desarrollarse como una única pieza, dado que los delitos imputados están interrelacionados.

Esta indicación contradice la decisión adoptada por el propio Peinado en marzo pasado, cuando propuso separar el delito de malversación, "estando pendiente de tomarse las resoluciones oportunas para acomodar las actuaciones".

Entre las diligencias que continúan en curso, el juez destaca que está a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe debe esclarecer los convenios suscritos entre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Máster de Transformación Social Competitiva, programa académico codirigido por Gómez, "en relación con otros acuerdos para la creación de cátedras extraordinarias".

Así como que los agentes le informen, agrega el juez, sobre "los repositorios aportados por Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica, habiéndose dado traslado a la UCO".

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El instructor espera igualmente que la Escuela de Gobierno de la UCM y Amazon EU le remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos "en relación con los correos asociados a los dominios del máster", para su "posterior análisis" por los investigadores de la Guardia Civil.

Información de Moncloa

También está pendiente --apunta-- de que por Presidencia del Gobierno le comunique las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia del Ejecutivo desde el 11 de julio de 2018, así como "las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones desde su nombramiento a Cristina Álvarez, así como que remitan copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta de correo asignada a Gómez".

Asimismo, indica que falta por resolver sobre las pruebas solicitadas por las partes en las comparecencias realizadas para comunicarles de que, en caso de ir a juicio, los cuatro investigados --Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín-- serían juzgados por un jurado popular.

"Lo que se puede derivar de lo anterior es que difícilmente pueden ser cumplimentadas dichas diligencias pendientes de practicar antes del día 16 de octubre del presente año 2025", avisa.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abrió en abril de 2024 a raíz de una denuncia que presentó Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación y en la actividad de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

Se da la circunstancia de que Peinado encara en 2026 su último año judicial antes de su jubilación, prevista para el mes de septiembre, cuando cumple 72 años, el máximo permitido para ejercer.

Con información de Europa Press