La Fiscalía detecta indicios que «merecen ser analizados» en el patrimonio de Zapatero

El horizonte judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto alterado por un reciente pronunciamiento del Ministerio Público. En un informe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Debate, el fiscal Javier Redondo reconoce la existencia de ciertos «hechos» relativos al crecimiento patrimonial del político socialista que, a su juicio, «merecen ser analizados».

Aunque el organismo se opone a la apertura inmediata de una causa penal por narcotráfico o banda criminal por falta de pruebas indiciarias suficientes, el documento admite que las declaraciones de bienes del expresidente presentan datos que podrían revestir caracteres de delito patrimonial.

La reactivación de este foco informativo coincide con un contexto geopolítico convulso: la detención de Nicolás Maduro y la entrega de información sensible por parte de antiguos mandos de la inteligencia venezolana a las autoridades estadounidenses.

En España, la querella presentada por la asociación Hazte Oír ha servido de catalizador para que la Fiscalía ponga la lupa sobre el «punto de partida patrimonial» de Zapatero tras su salida de La Moncloa.

Según el informe visado por la fiscal jefa Rosana Morán y revelado por El Debate, los documentos aportados sobre sus actividades económicas poseen la «fuerza probatoria de documentos públicos», marcando un contraste significativo entre su capital inicial y su enriquecimiento posterior.

No obstante, el Ministerio Público mantiene una postura de cautela técnica. Si bien reconoce que el origen de los fondos es «relevante y definitivo», advierte que en el Código Penal español no existe la figura del enriquecimiento ilícito per se.

Zapatero afronta querella por narcotráfico y vínculos con Maduro

Para iniciar una instrucción penal formal, la ley exige la aportación de indicios objetivos de delitos específicos. En este sentido, la Fiscalía señala que, aunque la relación de Zapatero con el régimen chavista es «directa y privilegiada», esta cercanía personal no constituye por sí misma una base fáctica suficiente para imputarle delitos de blanqueo o tráfico de drogas sin evidencias más tangibles que las meras conjeturas.

Un aspecto crucial de este escenario es que los bienes bajo sospecha ya estarían siendo rastreados en otras instancias judiciales. Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y registros recientes de la UDEF en el marco del 'caso Plus Ultra' han arrojado documentación que permanece bajo secreto de sumario.

La información publicada por El Debate destaca que esta ramificación judicial preocupa especialmente al entorno del expresidente, sobre todo tras las declaraciones de figuras como Víctor de Aldama, quien llegó a mencionar presuntas comisiones millonarias vinculadas a la intermediación en el rescate de la aerolínea venezolana en 2021.

Contexto: La figura de Rodríguez Zapatero ha pasado de ser la de un mediador internacional a convertirse en un actor bajo escrutinio constante por su papel en la crisis venezolana.

La entrega de Hugo 'El Pollo' Carvajal a la justicia de Nueva York ha reactivado en España viejas sospechas sobre los flujos económicos entre Caracas y Madrid, situando a la Audiencia Nacional en una posición de vigilancia sobre los nexos financieros que podrían haber favorecido a figuras de la política nacional.

A pesar de la negativa inicial a investigar por narcotráfico, el reconocimiento de la Fiscalía sobre las discrepancias en el patrimonio de Zapatero marca un hito en la fiscalización de sus actividades privadas.

El exministro José Luis Ábalos y otros implicados en tramas recientes ya han señalado al expresidente como pieza clave en gestiones estratégicas durante la pandemia.

Con el apoyo de las autoridades americanas y los nuevos hallazgos en registros de despachos profesionales adelantados por El Debate, la sombra sobre el incremento de las propiedades del exlíder socialista se alarga, dejando la puerta abierta a que los «hechos» reconocidos por el fiscal Redondo se traduzcan en nuevas diligencias judiciales.

Con información de El Debate