El expríncipe Andrés pierde su último refugio por el caso Epstein

El declive institucional de Andrés Mountbatten-Windsor ha alcanzado un nuevo punto de no retorno en el seno de la Corona británica.

Apenas 12 días luego de su detención en Sandringham por presunta conducta indebida en cargo público, el exduque de York ha solicitado formalmente la rescisión del contrato de East Lodge.

Esta propiedad, una pintoresca casa de campo del siglo XIX situada en los dominios de Windsor, se encontraba bajo la lupa del escrutinio parlamentario debido a las condiciones de arrendamiento privilegiado que el hijo de Isabel II disfrutaba desde hace décadas, en claro contraste con los valores actuales de mercado.

La decisión, formalizada el martes 3 de marzo, llega en un momento de máxima vulnerabilidad para el exduque (66 años).

East Lodge, una construcción catalogada de Grado II y característica por su techo de paja, representaba uno de los últimos vestigios de su red inmobiliaria de favor.

Según informan medios británicos, la vivienda estaba subarrendada a un empleado por menos de 13.000 libras anuales (14.950 euros), una cifra que los analistas tildan de irrisoria para una propiedad de tal valor histórico en las cercanías de Windsor.

Este contrato, heredado de 1998 y renovado apenas el año pasado, se ha vuelto insostenible ante la presión política que exige una gestión transparente del patrimonio nacional gestionado por Crown Estate.

Rey Carlos III y el expríncipe Andrés: rivalidad más allá del caso Epstein

Este movimiento inmobiliario no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un cerco policial y familiar que se ha estrechado en las últimas semanas.

El pasado 19 de febrero, la Policía británica procedió a la detención del expríncipe en Sandringham, siendo puesto en libertad poco después pero permaneciendo bajo una investigación abierta.

Las autoridades analizan si Andrés utilizó su posición como enviado comercial del Gobierno británico (2001-2011) para filtrar información sensible a Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense que se suicidó en 2019 mientras aguardaba juicio por tráfico de menores.

La caída en desgracia del otrora "hijo favorito" de la reina ha sido total. Ya el pasado octubre, el rey Carlos III (77) ejecutó la orden de despojar a su hermano de todos sus títulos reales, culminando un proceso de aislamiento que comenzó tras el escándalo de Virginia Giuffre.

A pesar de que Andrés alcanzó un acuerdo extrajudicial en 2022 valorado en unos 12 millones de libras (13,8 millones de euros) para evitar un juicio civil, la sombra de las acusaciones de abuso a menores ha sido una mancha indeleble para la institución monárquica británica.

El contexto actual de la monarquía británica bajo el reinado de Carlos III prioriza la austeridad y la eliminación de privilegios injustificados para los miembros no activos de la Firma.

La salida forzosa de Andrés de su residencia principal, Royal Lodge, el pasado febrero —donde disfrutaba de un alquiler simbólico—, ya marcó el inicio de este exilio interno.

Al trasladarse a dependencias privadas del monarca en el este de Inglaterra, el expríncipe ha perdido la protección territorial que le brindaban las fincas históricas de la Corona, quedando expuesto a los procesos judiciales ordinarios.

A raíz de estos sucesos, la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento ha anunciado una investigación exhaustiva sobre cómo Crown Estate gestiona los activos inmobiliarios que financian a la familia real.

El objetivo es asegurar que los beneficios de estas tierras repercutan adecuadamente en el erario público y no se conviertan en refugios de favor para figuras señaladas por la justicia.

El desalojo de East Lodge no es solo una mudanza; es el símbolo del fin de una era de impunidad inmobiliaria para un hombre que, habiéndolo tenido todo, hoy se enfrenta a la posibilidad de una condena por traicionar la confianza del cargo público que ostentaba.

Con información de El Español