Caso Koldo: Globalia admite al Supremo pagos a Aldama para cobrar a Venezuela

Globalia ha remitido una documentación clave relacionada con Víctor de Aldama a la Sala del Tribunal Supremo que, a partir del próximo 7 de abril, juzgará las ramificaciones del denominado 'caso Koldo'.

En un ejercicio de transparencia forzada por la acusación popular, el holding turístico ha detallado sus vínculos contractuales con Víctor de Aldama, figura central en la trama de comisiones ilegales.

Según el informe aportado, la compañía contrató al empresario en septiembre de 2019 con un objetivo específico: mediar ante el Gobierno de Nicolás Maduro para repatriar 205 millones de dólares (unos 178 millones de euros) bloqueados desde 2013 debido a las restricciones cambiarias en el país caribeño.

A pesar de los movimientos del comisionista, la aerolínea confirma que las gestiones resultaron infructuosas y el crédito frente al Estado venezolano permanece vigente.

La relación entre la propietaria de Air Europa y Aldama no se limitó a la fallida incursión diplomático-financiera en Caracas. Un segundo acuerdo, suscrito en noviembre de 2019 a través de la sociedad MTM 180 —propiedad del investigado—, funcionó como una plataforma multiriesgo para la aerolínea en vísperas de la pandemia.

Globalia ha reconocido que esta estructura fue empleada para intermediar en los vuelos fletados por el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, para el traslado de material sanitario.

En total, se registraron 11 operaciones de este tipo, la mayoría con origen en China, donde la intervención diplomática inicial de Exteriores tuvo que ser sustituida posteriormente por intermediarios privados tras el endurecimiento de las aduanas asiáticas.

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En un giro que conecta directamente el rescate de la aerolínea con la trama, la documentación revela que Aldama también tenía el encargo de asistir a la Secretaría General de Globalia en la implementación de instrumentos financieros ante la crisis del Covid-19.

Este apartado es fundamental para la instrucción, ya que sitúa al empresario como el puente necesario entre la compañía —al borde de la quiebra— y el Ministerio de Transportes para agilizar el rescate estatal.

Durante ese período, Air Europa no solo transportó mascarillas, sino que compró a la empresa Soluciones de Gestión un lote de 1,28 millones de unidades por 2,3 millones de euros, cumpliendo así con la obligatoriedad de uso para tripulaciones y pasajeros dictada por el propio Ministerio.

El contrato con MTM 180 incluía además puntos tan heterogéneos como el proyecto "Hola Pueblos", una iniciativa enfocada en la España rural que ha cobrado relevancia en las declaraciones judiciales.

Según el propio Aldama, este plan motivó reuniones de alto nivel en las que habrían participado la ministra Teresa Ribera y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

No obstante, la información aportada al Supremo por Globalia omite un dato sensible: las cuantías exactas que la compañía abonó a la sociedad de Aldama por estos servicios de consultoría e intermediación, dejando esa incógnita para la fase testifical del juicio.

En la actualidad, este cruce de contratos y favores administrativos pone de manifiesto la porosidad entre los intereses privados de una gran corporación y la gestión de la administración pública en momentos de máxima urgencia nacional.

El caso Koldo ha dejado de ser una investigación sobre mordidas en mascarillas para transformarse en un complejo entramado de influencias que afecta a la cúpula de uno de los grupos turísticos más importantes de España.

La revelación de estos contratos confirma que Aldama no era un actor periférico, sino un agente con acceso total a los despachos de Globalia y del Ministerio simultáneamente.

El próximo 7 de abril, siete magistrados del Tribunal Supremo iniciarán la vista oral donde Víctor de Aldama compartirá banquillo con José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

Las pruebas aportadas por Globalia serán determinantes para dirimir si la contratación del empresario respondió a una lógica de mercado o si, por el contrario, fue la contraprestación necesaria para garantizar el acceso privilegiado a los fondos de rescate públicos.

Mientras tanto, la deuda de 205 millones de dólares en Venezuela sigue anotada en los libros de Air Europa como un recordatorio de una gestión que, hasta ahora, solo ha traído complicaciones judiciales.

Con información de El Mundo