Andy AguilarOnlyfans es una plataforma que, a pesar de permitir albergar diversas temáticas, su uso mayoritario se ha centrado en el entretenimiento para adultos, lo que ha generado un intenso debate sobre su naturaleza jurídica, sus implicaciones fiscales y su relación con el sistema de prostitución.
España se ha consolidado como una potencia dentro de la plataforma, según informes de organizaciones como la Federación de Mujeres Jóvenes y análisis de datos de consumo digital en 2024 y 2025. Según estos informes, el país figura además como el quinto a nivel mundial en número de creadoras de contenido, un indicador que refleja su peso dentro de la plataforma.
Este mercado no solo es amplio en términos de usuarios, sino también en su capacidad de generación de ingresos, con una demografía de creadores compuesta en un 97% por mujeres, mientras que el perfil del consumidor medio es un varón de entre 25 y 44 años.
El funcionamiento técnico es sencillo: el creador establece una tarifa de suscripción mensual y la plataforma retiene un 20% de los ingresos en concepto de comisión y gestión, transfiriendo el 80% restante al usuario.
Sin embargo, detrás de esta simplicidad operativa existe una estructura comercial compleja que incluye pagos por visión (pay-per-view), propinas y mensajería privada, lo que ha permitido que algunos creadores conviertan esta actividad en su principal fuente de sustento económico dentro de la denominada “gig economy” o economía de bolos.
Uno de los puntos más polémicos es la calificación jurídica y social de la actividad. Actualmente, en España existe un vacío legal específico que defina la “prostitución virtual”. Mientras que para el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social se trata de una actividad económica lícita de creación de contenido, sectores del feminismo abolicionista —incluyendo la Federación de Mujeres Jóvenes y organizaciones especializadas en violencia sexual— califican a OnlyFans como una “plataforma proxeneta” o una forma de “prostitución digital”.
OnlyFans ha pagado $25.000 millones entre creadores de contenido desde 2016, según el CEO.
El argumento de estos sectores, apoyado por informes abolicionistas, sostiene que la plataforma ejerce una intermediación que facilita la explotación sexual al mercantilizar el cuerpo mediante una transacción económica directa.
A diferencia de otros países como Andorra, que en marzo de 2026 implementó medidas para equiparar legalmente la venta de sexo digital con la prostitución convencional, España mantiene una distinción clara: mientras no exista contacto físico ni coacción, la actividad se encuadra en la libertad de creación y el derecho al trabajo, aunque la presión legislativa para una Ley Integral de Abolición de la Prostitución podría cambiar este panorama en el futuro cercano.
Desde una perspectiva administrativa, la Agencia Tributaria en España no ignora estos ingresos. Las fuentes oficiales y expertos fiscales señalan que los beneficios obtenidos en OnlyFans deben declararse como rendimientos de actividades económicas.
Los creadores están obligados a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) si la actividad es habitual, independientemente de si los ingresos superan el Salario Mínimo Interprofesional, aunque este último suele ser el umbral de referencia para la Inspección de Trabajo.
En términos impositivos, los creadores deben presentar trimestralmente el modelo 130 para el pago fraccionado del IRPF (aproximadamente un 20% del beneficio) y regularizar su situación en la Declaración de la Renta anual.
Respecto al IVA, la normativa indica que, al ser la plataforma (con sede fuera de España) quien factura al consumidor final, el creador suele emitir facturas a OnlyFans como una exportación de servicios o una operación intracomunitaria, lo que generalmente exime al creador de repercutir el IVA en sus facturas directas a la empresa, aunque debe declarar la operación.
La ausencia de una normativa que diferencie el contenido erótico de la prestación de servicios sexuales digitales genera una zona gris. Diversos informes feministas y expertos en violencia sexual alertan sobre la posibilidad de que la interacción digital genere situaciones de vulnerabilidad o captación, aunque no existen estadísticas oficiales que confirmen que los chats de OnlyFans deriven sistemáticamente en encuentros físicos vinculados al sistema prostitucional tradicional.
Por ahora, la justicia española se centra en la persecución de la criminalidad digital derivada, como el acceso de menores a la plataforma o la difusión no consentida de contenidos, dejando la definición moral y ética de “prostitución virtual” en manos del debate parlamentario y social que sigue vigente en 2026.
