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Pedro Sánchez y su equipo han sido defensores de esta ley, a fin de lograr la reconciliación y estabilidad política del país. Pese a esto, ya es polémica
Actualidad Moisés Briceño
El 30 de Mayo fue aprobada por el Congreso de España la Ley de Amnistía para los activistas involucrados en la independencia de Cataluña en 2017, cuando el gobierno regional planteó un referéndum de independencia que propició diferencias directas con el Estado al considerarlo ilegal.
La aprobación contó con el respaldo del gobierno de coalición de izquierdas, con el apoyo de dos partidos separatistas catalanes y otros partidos menores que juntos lograron la aprobación de la Ley.
Los políticos de Cataluña tomaron acción, y desde el parlamento surgió el decreto de la independencia unilateral de Cataluña. Un acto decisivo que trajo consecuencias como crisis crítica política y social que se mantiene en la actualidad.
Tan pronto como esto sucedió, el gobierno central usó el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña.
De esta manera, pudieron identificar, perseguir y encarcelar a varios líderes separatistas. Otros líderes lograron exiliarse en países vecinos.
Se trata de un perdón por parte del Parlamento español, y que será concedido a los activistas y líderes separatistas partícipes de los hechos en 2018.
Pedro Sánchez y su equipo han sido defensores de esta ley, a fin de lograr la reconciliación y estabilidad política del país. Pese a esto, ya es polémica.
1. Aplicación retroactiva: su aplicación será de forma retroactiva a lo sucedido tras el referéndum y la declaración unilateral de independencia en el año 2017.
2. Beneficiarios: los primeros beneficiarios serán todos aquellos ciudadanos que se hayan involucrado en el movimiento independentista: políticos, activistas y funcionarios públicos.
3. Exclusiones: Está limitado, no involucra a quienes hayan actuado con violencia o con corrupción.
4. Implementación: Para poder llevarla a la acción, la amnistía necesita la cooperación de autoridades judiciales y penitenciarias.
Para muchos, la ley es considerada un paso adelante tras las persecuciones ocurridas previamente, al crear un ambiente de unión y tranquilidad, fomentando la relación normal entre Cataluña y España.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la Ley al considerarla “una necesidad política” que garantiza estabilidad en el país y en Cataluña. Sánchez señala que está abierto a dialogar con todos los involucrados para poner fin a problemas históricos.
Por su parte, los partidos políticos Partido Popular (PP) y Vox, fueron los primeros encoponerse, pues argumentan que la Ley es un reconocimiento a la derrota ante los independentistas, lo que traiciona de forma directa a la soberanía y la unión de España.
Asimismo, señalan que la ley está maquillada y que es muy peligroso perdonar “actos violentos, ilegales y contra el orden constitucional”.
La sociedad civil también ha dado su opinión al respecto, y el tono que predomina es la preocupación por lo que implique la amnistía.
Algunos españoles tienen miedo que este acto se preste para un precedente que debilite el Estado de Derecho.
La Ley entró en vigor el 11 de Junio de 2024, al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Todo el proceso judicial contra los catalanes involucrados fue detenido. Varios líderes fueron liberados, lo que fue visto con buenos ojos en Cataluña.
Por ahora, la ley podría crear una estabilidad política que favorecerá a Pedro Sánchez para que perdure en el poder con su agenda de gobierno, al contar con el apoyo de los partidos separatistas.
El pilar indudable de esta Ley es que abre las puertas para una potencial reconciliación que podría crear paz social en Cataluña, España y las relaciones entre ambos.
El perdón a los activistas independentista puede reducir las diferencias, tensiones y facilitará la posibilidad de un diálogo constructivo donde ambas partes: gobierno central y Cataluña, salgan ganando por igual.
La división de opiniones marca la Ley de Amnistía. Para algunos, la ley puede significar un avance hacia la reconciliación y la disminución de conflictos; otros es un perdón inaceptable que puede crear a futuro retos hacia la legalidad o el Estado de derecho.
La Organización Human Rights Watch menciona la importancia de tratar las diferencias políticas con el diálogo y reconciliación, pero debe existir un compromiso en ambas partes.
“Amnistía internacional” por otro lado, destaca que no se puede excluir ni dar impunidad a quienes hayan hecho actos de violencia o corrupción, el límite del diálogo debe ser el respeto a los derechos humanos.
Con base a lo anterior, se plantea un diálogo inclusivo que cuente con la participación de todas las voces (Gobierno central y fracciones políticas de Cataluña) para lograr acuerdos y crear "comisiones de la verdad" para que los eventos violentos y corruptos sean castigados.

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