El Supremo amplía la investigación del caso Koldo por seis meses ante nuevas evidencias

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, ha decidido extender por seis meses la instrucción del caso Koldo, debido al «muy significativo volumen de material intervenido» aún por analizar, así como a la espera de nuevos informes de la Guardia Civil.

Estos documentos afectan, entre otros, al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y podrían derivar en la adopción de nuevas diligencias.

La prórroga, recogida en un auto judicial, entrará en vigor el próximo 8 de septiembre y se mantendrá hasta el 8 de marzo del año siguiente.

Se trata de la segunda ampliación decretada en el marco de esta causa, que se tramita en el Supremo desde que asumiera la parte correspondiente a los aforados. Esta incluye, principalmente, al exministro José Luis Ábalos, además de los investigados vinculados al procedimiento, como su antiguo asesor, Koldo García, y el empresario comisionista Víctor de Aldama.

La decisión del juez se sustenta en «el muy significativo volumen de material intervenido a los investigados en el curso de las entradas y registro e intervenciones telefónicas» autorizadas en su momento por el juez del caso en la Audiencia Nacional.

Estas actuaciones continúan siendo objeto de análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO), lo que podría requerir la práctica de «nuevas diligencias» para avanzar en la investigación.

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Resultado testificales y periciales

También el resultado de las diferentes testificales y periciales acordadas, añade el auto, pudieran dar lugar igualmente a la practica de nuevas diligencias, y el hecho de la reciente incorporación al procedimiento, en junio, de seis personas más, Cerdán y los empresarios presuntamente vinculados con mordidas a la trama, obligan a prorrogar la instrucción.

A este respecto, el juez apunta que deberá analizarse «el conjunto de expedientes administrativos relativos, al menos, al proceso de licitación y adjudicación de las obras» señaladas en el último informe de la UCO, del pasado 5 de junio.

Dicho informe, basado en los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024 -un total de 10 terabytes-, derivó en la práctica de una decena de entradas y registros en viviendas particulares, entre ellas la de Ábalos, y en sedes sociales, como la de Servinabar, en las que se intervinieron dispositivos y documentación que se está analizando.

Una vez que el magistrado decretó el ingreso en prisión provisional de Cerdán, agentes de la UCO se dirigieron a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para acceder a su correo personal.

Ese mismo día, se personaron también en el Ministerio de Transportes para acceder a la cuenta de correo corporativa de Ábalos, y a ADIF y a la Dirección General de Carreteras para acceder a los expedientes de obras «de cuya adjudicación indebida existían consistentes indicios».

El juez acordó también pedir a «múltiples entidades bancarias» información sobre cuentas vinculadas, entre otros a Cerdán, y a diversas personas jurídicas, de los que asimismo solicitó información a la Agencia Tributaria, para que la UCO pudiera elaborar un informe «comprensivo» sobre la situación patrimonial del exdirigente socialista.

El 10 de julio, y en relación a la investigación sobre Cerdán y las empresas presuntamente vinculadas a la trama, el juez pidió a la Agencia Tributaria y a la Hacienda Foral de Navarra diversa información acerca de distintas personas físicas y jurídicas, y requirió a la Tesorería General de la Seguridad Social distintos datos relativos también a diferentes personas físicas y jurídicas.

También acordó recabar información relativa a José Luis Ábalos Meco, tanto a la Secretaría General del Congreso de los Diputados como al PSOE.

Por último, y a petición de Cerdán, el juez ordenó la practica de un informe pericial sobre los audios intervenidos a Koldo García para determinar si pudieron ser manipulados, como sugiere la defensa del ex secretario de Organización del PSOE.

Con información de EFE