El antiguo instituto B9 de Badalona en Barcelona, convertido en asentamiento irregular desde hace años, ha sido desalojado este miércoles por los Mossos d'Esquadra.
La operación comenzó pasadas las ocho de la mañana y se desarrolló en un ambiente de tensión, con decenas de personas aún en el interior del recinto y grupos de vecinos y entidades sociales mostrando su apoyo.
El inmueble, que llegó a albergar a unos 400 ocupantes, estaba habitado en su mayoría por personas de origen inmigrante. En las últimas horas, muchos abandonaron el lugar de forma voluntaria, aunque unas 200 permanecieron hasta el momento del operativo, respaldadas por colectivos que denuncian la falta de alternativas habitacionales.
El desalojo se ejecutó a petición del Ayuntamiento de Badalona, tras una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, emitida el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió la actuación asegurando que se realizó “con valores” y procurando atender a las personas afectadas. Sin embargo, la medida fue duramente criticada en el Parlament.
La líder de Comuns, Jéssica Albiach, denunció que se haya producido “en invierno y sin alternativa habitacional”, calificándolo como “una vulneración de los derechos humanos”.
Albiach reclamó la aprobación de la iniciativa legislativa popular (ILP) de Regularización Ya y medidas contra la infravivienda, en lugar de “dejar en la calle a los más necesitados”.
Los sindicatos de vivienda se movilizaron a las puertas del instituto y acusaron al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de “racismo” y de criminalizar la inmigración.
“Toda esta gente se queda en la calle sin ningún recurso habitacional y, mientras, solo en Badalona hay 8.000 pisos vacíos, según el INE”, denunció Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña.
Durante el operativo, los Mossos identificaron a 181 personas en el interior del B9. La Policía Nacional detuvo a 18 de ellas en aplicación de la ley de extranjería y a otra por un requerimiento judicial previo.
El alcalde García Albiol fue tajante tras el desalojo: “El Ayuntamiento no va a gastar ni un solo euro en dar vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”.
Sus declaraciones han generado polémica y han reforzado el debate sobre la gestión de la inmigración y la falta de recursos habitacionales en la ciudad.
El caso del B9 refleja la tensión entre las políticas de seguridad y las demandas sociales en Cataluña. Mientras las administraciones defienden la recuperación de espacios públicos, colectivos vecinales y sindicatos insisten en que la ausencia de alternativas habitacionales agrava la exclusión.
El desalojo se convierte así en un nuevo capítulo de un conflicto que mezcla inmigración, vivienda y política local.
Con información de El Confidencial
