El Supremo estudia mantener en prisión a Ábalos por riesgo "extremo" de fuga

Este jueves, el Tribunal Supremo ha acogido la vista de apelación para decidir si el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, deben permanecer en prisión provisional.

La Fiscalía Anticorrupción no ha flaqueado: el riesgo de fuga es "extremo" y la gravedad de las penas solicitadas justifica su permanencia en el centro penitenciario de Soto del Real hasta la celebración del juicio.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido con vehemencia la tesis que ya validó el magistrado instructor Leopoldo Puente. Según el Ministerio Público, la proximidad de un juicio donde Ábalos se enfrenta a 24 años de cárcel y García a 19 años y medio supone un incentivo poderoso para intentar evadir la acción de la justicia.

Esta postura refuerza la decisión del pasado noviembre, cuando se consideró que el arraigo no es suficiente para contrarrestar la tentación de huida ante un horizonte penal tan severo, que supera incluso los siete años solicitados para el empresario Víctor de Aldama.

Una defensa entre la "quimera" y la colaboración

La sesión ha tenido un tinte de despedida técnica. Carlos Bautista, hasta ahora letrado de Ábalos, ha realizado su último servicio gratuito para el exsecretario de Organización del PSOE antes de ceder el testigo a Marino Turiel.

Durante su intervención, Bautista ha tildado de "quimera" los argumentos de la acusación, asegurando que la medida de prisión adolece de una motivación real y que flota en una "irrealidad" instructora.

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En un giro estratégico, el letrado ha sugerido que, incluso ante una eventual condena, Ábalos mantendría su disposición a colaborar con la justicia en fase de ejecución.

Por su parte, la representación legal de Koldo García ha adoptado un tono más combativo. La defensa del exasesor ha denunciado supuestas filtraciones a los medios de comunicación, sugiriendo que el tribunal podría estar tomando decisiones preestablecidas sin considerar las pruebas o testigos propuestos por las defensas.

Ante tales quejas, la Sala de Apelación —integrada por los magistrados Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena— ha intentado rebajar la tensión garantizando que el proceso discurre por los cauces legales estrictos.

El origen de la trama

Este proceso emana de la presunta red de corrupción que habría operado en el corazón de la administración pública durante el período más crítico de la crisis sanitaria.

Se investiga el amaño de contratos para la compra de mascarillas por un valor total de 53 millones de euros, adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión. Según las pesquisas, el comisionista Víctor de Aldama habría pagado mensualmente 10.000 euros a García para asegurar el favor del Ministerio, un dinero que presuntamente se repartía con el entonces ministro Ábalos.

Ahora, el futuro inmediato de ambos queda en manos de los tres magistrados de la Sala de Apelación. Según el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el tribunal dispone de un plazo de cinco días para emitir un auto que ratifique la prisión o decrete la libertad bajo fianza.

Con información de ABC