El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado su escrito de defensa en el Tribunal Supremo dentro de la causa por la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. El documento, inicialmente firmado por el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, del despacho Chabaneix, quedó sin representación este miércoles tras la renuncia del letrado por motivos económicos.
En su escrito, el también ex secretario de Organización del PSOE proclama su inocencia, solicita la absolución y pide que se cite como testigos a tres figuras clave: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que durante la pandemia ejercía como presidenta de Baleares.
Ábalos pretende que Grande-Marlaska explique el proceso de adquisición de mascarillas en el Ministerio del Interior durante la crisis sanitaria, mientras que Torres y Armengol deberían responder sobre la compra de material sanitario en Canarias y Baleares, respectivamente.
El ex dirigente socialista niega haber ejercido influencia alguna sobre estas administraciones para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al caso. Según su defensa, dicha sociedad únicamente contrató con Adif y Puertos del Estado, dentro de las competencias del Ministerio de Transportes.
El escrito subraya que no existe prueba de que Ábalos influyera en Grande-Marlaska, en el secretario de Estado de Interior Rafael Pérez, ni en las administraciones territoriales de Canarias y Baleares. Además, recuerda que otras comunidades gobernadas por el PSOE no contrataron suministros sanitarios con la citada empresa.
El ex ministro, actualmente en prisión preventiva, también rechaza haber formado parte de una organización criminal junto a su ex asesor Koldo García. Niega ser el “jefe oficioso” del empresario arrepentido Víctor de Aldama y descarta haber diseñado un plan para facilitar contratos públicos a cambio de comisiones.
Ábalos desmiente igualmente haber recibido un sueldo de 10.000 euros semanales de Aldama, como sostiene la acusación. El juez Leopoldo Puente le atribuye delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de cárcel para el exministro en esta primera pieza del denominado caso Koldo.
El escrito de defensa busca desmontar la tesis de la acusación, que lo sitúa como figura central de una trama de corrupción vinculada a la compra de material sanitario en plena emergencia sanitaria.
La causa, que se sigue en el Supremo por su condición de aforado en el momento de los hechos, se perfila como uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, al involucrar a un ex ministro y a varios dirigentes de primer nivel en la gestión de lapandemia.
Con información de El Mundo
