
El caso Plus Ultra apunta a un bróker chavista con vínculos en República Dominicana
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El juez del Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por presunta corrupción en contratos de mascarillas y favores personales durante la pandemia
Actualidad Agencias
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha planteado este lunes la apertura de juicio contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su antiguo asesor, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto comisionista. La propuesta se enmarca en la investigación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
La resolución judicial, emitida el mismo día en que se inicia en el Supremo el juicio al fiscal general del Estado por otra causa, adopta la forma de un auto de pase a procedimiento abreviado.
Esta figura jurídica equivale al procesamiento formal y se fundamenta en indicios de la posible comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y pertenencia a organización criminal.
El documento, que se extiende a lo largo de 47 páginas, detalla los elementos incriminatorios que pesan sobre los tres investigados en la pieza principal del denominado caso Koldo.
Esta causa se ha escindido en una investigación paralela en la que también figuran como imputados, junto al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto reparto de comisiones en contratos de obra pública.
Según el juez Puente, los implicados habrían actuado de forma coordinada, estableciendo un «concierto de voluntades» para aprovechar la posición institucional de Ábalos en el Ejecutivo.
El objetivo, según el auto, habría sido facilitar la contratación de empresas vinculadas a Aldama, «a cambio de beneficios económicos» para los tres acusados.
Por ejemplo, respecto a las mascarillas, el juez considera que Aldama habría logrado, con «información previa y privilegiada», y con la intermediación de Koldo para desbloquear la operación, que Soluciones de Gestión, empresa a la que representaba, obtuviese el encargo de 8 millones de mascarillas para Puertos del Estado -un pedido que se dobló en media hora- y de cinco para Adif en marzo de 2020.
Aldama obtuvo de esta operación comisiones y rendimientos que habría hecho llegar en compensación a Ábalos y a su asesor. A juicio del juez son «robustos» los indicios de que estos recibían retribuciones económicas en ejecución del «proyecto delictivo».
Además, con el propósito de garantizar a Ábalos el pago de las comisiones, Aldama concertó un contrato de alquiler con opción de compra «muy inferior al real de mercado» de un piso de su propiedad en el paseo de la Castellana de Madrid, que nunca llegó a abonarse ni a ser habitado por el exministro.
Aldama se hizo cargo de ciertos gastos del exministro, como el abono de 2.700 euros mensuales por la renta de un piso para Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos. Los pagos fueron efectuados por un socio del empresario y más tarde por Koldo.
Además, Ábalos habría desplegado su influencia para promover la contratación de Jessica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin superar ningún proceso de selección, sin que acudiera ni un solo día a los centros de trabajo y sin prestar actividad profesional, pero sí recibiendo sus correspondientes nóminas.
Ábalos y Koldo actuaron de la misma forma en la contratación de Claudia Montes en la empresa pública Logirail «con quien mantenían alguna clase de relación personal». En este caso, ella sí fue a trabajar durante los tres años que estuvo contratada.
Respecto al rescate de Air Europa, el magistrado cree que el exministro pudo promover por encargo de Aldama la publicación de una nota de prensa de su ministerio mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que la mercantil obtuviera financiación pública.
A cambio, el exministro pudo haber disfrutado de forma gratuita de un chalet vacacional en Marbella (Málaga) para sí mismo y para su familia durante varios días, cuya renta formalizó la entonces esposa de Koldo con dinero procedente de Aldama.
Además, el juez cree que, con el visto bueno de Ábalos, Koldo García habría influido para concertar una reunión entre Claudio Rivas (socio de Aldama), Carmen Pano (la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE) y el jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, con objetivo de lograr licencia de hidrocarburos para Villafuel.
A cambio, una empresa controlada por Rivas adquirió en 2021 un chalet en Cádiz, conocido como ‘La Alcaidesa’, para alquilarselo a Ábalos, que solo abonó el mes de julio y la fianza, pero disfrutó del inmueble hasta noviembre, puesto que en diciembre la empresa reclamó la deuda al no fructificar el intento de lograr licencia.
Con información de EFE

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