El Supremo pone fecha al juicio histórico contra el fiscal general

El Tribunal Supremo ha fijado entre los días 3 y 13 de noviembre el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de una posible revelación de secretos. El caso gira en torno a la presunta filtración de un correo electrónico relacionado con la investigación por fraude fiscal que afecta al empresario Alberto González Amador.

Durante el proceso judicial, se prevé la comparecencia de 40 testigos. Entre ellos figuran Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; Juan Lobato, ex secretario general del PSOE en Madrid; Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación; y Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa y actual número dos del PSOE-M.

En el auto judicial, hecho público este viernes, el alto tribunal ha decidido no incluir en la lista de testigos al ministro de Transformación Digital, Óscar López; ni al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán. La decisión se fundamenta en la falta de acreditación sobre la relevancia de sus testimonios respecto a los hechos objeto de enjuiciamiento.

Este juicio marca un precedente histórico, ya que será la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se enfrenta a un proceso penal. Las acusaciones, entre las que se encuentran González Amador y una asociación de fiscales, solicitan penas de prisión que oscilan entre los cuatro y seis años.

Álvaro García Ortiz está acusado de haber filtrado el correo en el que el abogado de González Amador asumía que su cliente había defraudado 350.951 euros a Hacienda en busca de un pacto.

Supremo abre juicio contra el fiscal general por presunta revelación de secretos

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha negado desde el primer momento que haya indicios de delito y pide la absolución del fiscal general. También su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, mantiene su inocencia y asegura que «no ha existido hecho delictivo».

En paralelo a este procedimiento, González Amador está procesado por haber defraudado presuntamente 350.951 euros a Hacienda y haberse servido de un trama de facturas falsas, e investigado en otra rama de la causa por presunta corrupción en los negocios.

Seis jornadas en sesiones de mañana y tarde

El Supremo ha fijado seis jornadas de juicio, en sesiones de mañana y tarde, en el que también declararán como testigos varios fiscales, periodistas y guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO).

Tres de esos funcionarios de la UCO declararán también como peritos, como así solicitaban las acusaciones populares y ha admitido el Tribunal Supremo.

Los magistrados también han acordado, como prueba anticipada solicitada por varias acusaciones, requerir a la Fiscalía los expedientes gubernativos de las daciones de cuenta realizadas en el procedimiento abierto por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador.

La Sala reclama a la Cadena Ser que aporte la grabación del programa Hora 25 del día 13 de marzo en el que un periodista informaba del correo sobre el que gira la acusación contra García Ortiz, y a la noticia que este periodista escribió.

Al enviar a juicio al fiscal general del Estado, el juez Ángel Hurtado rechazó suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía una asociación de fiscales, pero envió su auto a la Inspección Fiscal para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.

En respuesta, la Inspección Fiscal ha trasladado al magistrado que «carece de competencia para su tramitación» y que no existe expediente incoado respecto a García Ortiz.

El tribunal que juzgará a García Ortiz estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo.

Con información de EFE