Supremo abre juicio contra el fiscal general por presunta revelación de secretos

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Ángel Hurtado, ha dictado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos que afectaría al empresario Alberto González Amador.

En el mismo auto, se le impone una fianza de 150.000 euros, aunque se desestima la petición de suspensión del cargo formulada por la acusación popular, representada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Según el documento judicial, compuesto por 29 páginas y al que ha accedido Europa Press, el instructor formaliza el inicio del proceso penal contra García Ortiz, quien se convierte así en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado por el Tribunal Supremo.

La resolución se produce seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS ratificara el procesamiento del fiscal general, al considerar que participó de forma directa en la divulgación de información relativa a la investigación por presuntos delitos fiscales que involucran a González Amador.

La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos frente a uno, siendo el magistrado Andrés Palomo quien emitió un voto particular en desacuerdo.

El juez Hurtado fundamenta su decisión en la presunta entrega, por parte de García Ortiz, de contenido confidencial a la Cadena SER. En concreto, se trata del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía, en el que se ofrecía a negociar un acuerdo en el marco de la investigación abierta contra el empresario por posibles delitos fiscales.

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El magistrado sostiene que García Ortiz, "aprovechando" la información publicada por 'El Mundo' el 13 de marzo de 2024 --en la que se aseguraba que era la Fiscalía la que había ofrecido a González Amador un pacto-- y "con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales".

En concreto, hace referencia a las comunicaciones con la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien contactó al fiscal encargado del caso de González Amador, Julián Salto, para que le remitiera la cadena de correos electrónicos con el abogado de González Amador de cara a la redacción y difusión de una nota de informativa.

El instructor asegura que García Ortiz reclamó para sí los 'emails' --que fueron enviados a su correo particular-- para "acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena SER, para que le diera publicidad, consciente García Ortiz de que revelaría el confidencial contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024". Al hilo, indica que "inmediatamente a continuación" se puso en marcha para confeccionar la nota informativa.

Además, agrega que en paralelo desde la Fiscalía General, "y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo" en cuestión, "se envió de él a Pilar Sánchez Acera", entonces alto cargo de Moncloa, "quien hizo uso de él, dando instrucciones" a Juan Lobato, en ese momento portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en dicha Cámara contra la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pareja de González Amador.

Así las cosas, el magistrado fija una fianza de 150.000 euros a García Ortiz, "a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias", incluida una posible indemnización por perjuicios morales a González Amador, que pedía solo por este concepto 300.000 euros, cantidad que el instructor considera excesiva. Para abonar dicha fianza, le da un plazo de cinco días.

Con información de Europa Press