La publicación reciente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado la continuidad del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) en 2026.
Esta prestación, integrada dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV), busca reducir la pobreza infantil en España mediante un soporte económico directo a las familias con hijos menores de edad.
El texto legal garantiza que miles de hogares podrán acceder a esta ayuda mensual, diseñada para aliviar las cargas financieras de la crianza en entornos vulnerables.
La medida se consolida como una herramienta clave en la política social del Gobierno, que pretende dar estabilidad a un modelo de protección que ya ha demostrado su impacto positivo en la calidad de vida de los menores.
La ayuda se establece en función de la edad de los hijos al inicio del año:
- Menores de 3 años: 115 euros mensuales.
- Entre 3 y 6 años: 80,50 euros mensuales.
- Entre 6 y 18 años: 57,50 euros mensuales.
Esta estructura progresiva reconoce que los gastos asociados a la primera infancia suelen ser más elevados, ofreciendo un apoyo adicional en los primeros años de vida.
Uno de los aspectos más relevantes es que la ayuda no se limita a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. El BOE aclara que también podrán acceder aquellas familias de rentas bajas que, aun superando los umbrales del IMV, cumplan con los límites de ingresos y patrimonio establecidos para la infancia.
Esto amplía el espectro de beneficiarios y permite que la prestación llegue a la clase trabajadora con recursos limitados.
La Seguridad Social reconocerá de oficio esta ayuda a quienes ya perciban el IMV o protección familiar, siempre que cumplan los requisitos. Para el resto de solicitantes será necesario presentar documentación que acredite la composición de la unidad de convivencia y el nivel de rentas anuales.
Este procedimiento busca simplificar la gestión y garantizar que las familias más vulnerables reciban el complemento sin trámites excesivos.
El BOE advierte que cualquier cambio en la situación familiar o un incremento en los ingresos por encima de los umbrales permitidos podrá dar lugar a la extinción o modificación de la cuantía.
La medida refuerza la fiscalización para asegurar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes sufren mayor precariedad económica.
La ayuda por hijo a cargo se presenta como una herramienta fundamental en la lucha contra la desigualdad desde edades tempranas. Al consolidarse en el presupuesto de 2026, el Gobierno busca dar estabilidad a un modelo de protección que impacta directamente en el consumo de bienes básicos y en la mejora de la calidad de vida de los menores.
En conclusión, la ratificación de estas cuantías en el BOE representa un compromiso firme con las políticas de infancia en España. Con importes que pueden sumar cifras significativas al año por cada hijo, esta prestación se convierte en un balón de oxígeno para miles de hogares.
La transparencia de las tablas publicadas permite que los ciudadanos conozcan con exactitud sus derechos y las garantías sociales que el Estado pone a su disposición para el próximo ciclo anual.
Con información de El Confidencial
