El Gobierno aprueba la regularización de 500.000 migrantes tras dos décadas

España encara este martes un giro histórico en su política migratoria con la aprobación de una regularización extraordinaria que beneficiará a más de 500.000 personas.

Tras dos décadas sin procesos de esta magnitud, el Consejo de Ministros da luz verde a un decreto que pretende sacar de la invisibilidad administrativa a medio millón de extranjeros que ya conviven y trabajan en el país.

Esta medida, fruto de un acuerdo estratégico con Podemos, responde a la presión de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 700.000 firmas y el apoyo de actores tan diversos como la Conferencia Episcopal Española, colectivos empresariales y entidades sociales de todo el espectro ideológico.

El Ejecutivo ha optado por la vía del Real Decreto para agilizar la puesta en marcha del proceso. Al tratarse de una norma reglamentaria sin rango de ley, el texto no requerirá la convalidación del Congreso de los Diputados, permitiendo que su entrada en vigor sea inmediata tras la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este procedimiento evita el bloqueo parlamentario y responde a una demanda histórica de organizaciones civiles que reclamaban una solución humanitaria y económica para quienes permanecen en los márgenes de la legalidad a pesar de su arraigo social.

Requisitos

El criterio principal para acceder a este beneficio es la permanencia previa en el territorio. Podrán solicitar su regularización todas aquellas personas que acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 por un período mínimo de cinco meses. 

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La flexibilidad documental es una de las claves del proceso: para certificar dicha estancia, los solicitantes podrán aportar desde el padrón municipal e informes de citas médicas hasta facturas de suministros, contratos de alquiler, justificantes de remesas de dinero o billetes de transporte público que ubiquen al ciudadano en el país dentro de los plazos estipulados.

Para contextualizar el impacto de esta medida, es necesario recordar que la última regularización de esta magnitud se produjo hace veinte años.

En la España actual, la integración de estos trabajadores no solo responde a una cuestión de justicia social, sino también a una necesidad del mercado laboral en sectores clave como la agricultura, la hostelería y los cuidados.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones proyecta que esta incorporación al sistema formal incrementará la recaudación de cotizaciones y fortalecerá la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.

Un requisito ineludible será la ausencia de antecedentes penales relevantes, tanto en España como en el país de origen del solicitante. Esto obliga a los interesados a gestionar certificados debidamente legalizados y traducidos.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Una vez que la administración admita el trámite, el ciudadano recibirá una autorización de residencia provisional que le facultará para trabajar legalmente y acceder a servicios fundamentales como la sanidad pública, garantizando así su protección durante el tiempo que dure la evaluación de su expediente.

Finalmente, desde la formación morada subrayan un blindaje jurídico vital: la mera presentación de la solicitud suspenderá automáticamente cualquier procedimiento de retorno o ejecución de órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesaran sobre el individuo.

Si la resolución definitiva es favorable, se otorgará un permiso de residencia de un año de duración, tras el cual el beneficiario podrá transitar hacia una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería vigente, culminando así un proceso de inserción plena.

Con información de 20minutos