En su declaración como testigo, Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, ha explicado al juez que la vivienda que habitó dos años y medio, no sabía quién lo pagaba, aunque señaló que imaginaba que el exministro
Noticias Agencias
La expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, declaró ante el magistrado que no sabía quién pagaba el piso en el que vivía en Madrid y que imaginaba que lo hacía el exministro, de quién dijo que no intervino para que la contratasen en dos empresas gestionadas por Transportes, de las que cobró sin ir a trabajar.
Rodríguez ha declarado como testigo en el Supremo para dilucidar las circunstancias sobre el piso en el que residió dos años y medio, así como su contratación en dos empresas manejadas por Transportes y los viajes oficiales a los que acompañó al Ábalos.
La testigo, en el interrogatorio que ha durado 45 minutos, excluyó de toda responsabilidad al exministro por sus contratos en Ineco y Tragsatec, compañías dependientes de Transportes.
Según fuentes jurídicas, ha explicado que todas las gestiones las hacía a través de Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos Koldo García, y que, por tanto, no le pidió nada a Ábalos ni este medió para que la contrataran.
En cuanto a su paso por estas empresas, ha revelado que estuvo a sueldo en ambas pero que nunca la llamaron para acudir a trabajar.
Koldo dijo sobre esta cuestión que se la contrató porque estaba «preparada» y ella era una persona de «confianza», un perfil que buscaba para trabajar junto a su hermano Joseba.
Asimismo, Jessica ha explicado al juez que disfrutó de esa vivienda, en un inmueble en la Plaza de España de Madrid, desde marzo de 2019 a septiembre de 2021 pero que no sabía quién lo pagaba, aunque ha matizado que imaginaba que Ábalos, quien en algunas ocasiones la entregaba dinero en efectivo, sin precisar para qué, según explican a EFE fuentes jurídicas.
Ha añadido que si tenía algún problema en la vivienda, ella debía llamar a Luis Alberto Escolano, socio del empresario Víctor de Aldama en la trama sobre un supuesto fraude en hidrocarburos, y en caso contrario a Koldo porque así se lo dijo este último. Ella, ha precisado, entró a vivir en ese piso a través del exasesor del exministro.
La UCO sostiene que Aldama era quien se hacía cargo de pagar los 2.700 euros de alquiler a través de su socio como contraprestación a la supuesta intermediación de Ábalos en sus negocios.
Pero Koldo declaró, en cambio, que se trataba de un piso de empresa en el que la dejaban pernoctar, y que pagaban Escolano y su hermano Joseba.
Respecto a los 16 viajes oficiales en los que acompañó al exministro, según reveló la UCO en uno de sus informes, ha explicado al juez que ella viajó en alguna ocasión con Ábalos, dado que era su pareja. Eran abonados por Koldo García, a quien después el exministro le reintegraba el dinero de los billetes.
La mujer ha llegado al tribunal visiblemente afectada, una situación que ha continuado después en Sala, ante lo cual el magistrado ha autorizado que saliera por otra puerta distinta a la habitual para evitar a los cámaras que la estaban esperando, según explican las fuentes.
Por otra parte, los empresarios Manuel Salles y José Ruz, a quienes Aldama señala por pagar comisiones a cambio de obra pública, han negado ante el juez que recibieran alguna adjudicación de Transportes y han señalado que nunca pagaron comisión alguna.
Ruz ha asegurado, además, que contrató a Aldama para un negocio en Panamá por una deuda de unos 5 millones, de lo que el presunto comisionista de la trama le habría cobrado el 20% del total. Además, ha dicho que conocía a Koldo García, y también a Ábalos por ser valenciano, como él.
La declaración de Luis Alberto Escolano, se ha aplazado al próximo martes, mientras que al empresario Manuel Contreras se le ha citado para el miércoles.
Mientras, Ábalos ha recurrido la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y las comparecencias quincenales que le impuso la pasada semana el juez del Supremo Leopoldo Puente.
Puente acordó estas medidas cautelares contra Ábalos tras comparecer como investigado el pasado día 20, al haber obtenido el suplicatorio del Congreso.
La defensa de Ábalos ha presentado un recurso de reforma ante el juez, subsidiario de apelación ante la Sala, en el que pide que «deje sin efecto» las medidas restrictivas de retirada de pasaporte así como la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.
«Alternativamente, y para el improbable caso que no se revocase la citada resolución, solicitamos que la obligación de comparecer los 1 y los 15 de cada mes con independencia de que se realice ante la secretaría de esta Sala Segunda de ese Tribunal Supremo, se puedan realizar también en la ciudad de Valencia, donde tiene el domicilio familiar, así como si se encontrase fuera del mismo ante el juzgado o tribunal del territorio nacional donde se encuentre en esa fecha», señala el escrito, al que ha tenido acceso EFE.
Con información de EFE
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