Begoña Gómez rechaza el jurado popular y denuncia las conjeturas del juez

A través de un recurso de reforma, el letrado Antonio Camacho ha impugnado la decisión de que la causa contra Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, calificando el auto judicial de estar cimentado sobre "conjeturas" y argumentos falaces.

Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la representación de Gómez advierte de que someter un asunto con una carga mediática tan extrema a un tribunal de ciudadanos podría derivar en un "juicio paralelo" irreversible, lesionando irremediablemente el derecho constitucional a un juez imparcial y predeterminado por la ley.

El recurso es especialmente crítico con la labor del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La defensa sostiene que lo único acreditado tras dos años de diligencias es "la voluntad inquebrantable del instructor de mantener viva una causa penal" sin base indiciaria sólida.

Camacho argumenta que se está investigando a su representada exclusivamente por su condición de cónyuge del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, solicita la nulidad del auto que acumuló cinco delitos —tráfico de influencias, corrupción, intrusismo, malversación y apropiación indebida— para forzar la competencia del jurado popular, una maniobra que la defensa considera carente de "indicios concluyentes".

Respecto a las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el texto desmiente cualquier beneficio económico personal o irregularidad en la cátedra de la Universidad Complutense.

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Subraya que el empresario Juan Carlos Barrabés no intervino en la creación ni consolidación de dicho proyecto académico y recuerda que los contratos bajo sospecha están siendo analizados por la Fiscalía Europea, donde Gómez ni siquiera ha sido citada como investigada.

La defensa recalca que captar fondos para una universidad pública difícilmente puede encajar en un tipo penal diseñado para castigar el cohecho entre particulares.

En cuanto a la presunta malversación por el uso de la asesora Cristina Álvarez, el letrado tacha de desproporcionada la interpretación del magistrado.

El recurso recuerda que la figura de asistente ha existido históricamente en la estructura de Moncloa y que la ayuda prestada a Gómez fue "puntual" y referida estrictamente a su agenda institucional y de seguridad.

De aplicarse el criterio del juez Juan Carlos Peinado, ironiza la defensa, cualquier trabajador del complejo que sirviera una comida a la esposa del presidente estaría incurriendo en una malversación de caudales públicos por realizar funciones "privadas".

Este recurso se produce en un momento de máxima tensión institucional, tras un 2025 marcado por constantes idas y venidas judiciales donde la Audiencia de Madrid ya ha corregido al juez Peinado en anteriores ocasiones por falta de indicios.

La citación de Gómez para el próximo 1 de abril marca un hito en un procedimiento que ha polarizado la opinión pública y que ahora se enfrenta al debate jurídico sobre si un tribunal no profesional es el cauce adecuado para dirimir delitos técnicos de compleja interpretación legal.

Finalmente, el escrito desmonta las acusaciones de intrusismo y apropiación indebida del software universitario.

Aclara que el registro del logo y el dominio web se realizó siguiendo instrucciones de la propia Gerencia del centro para evitar usos incorrectos, sin que existiera ánimo de lucro.

La defensa concluye con una afirmación tajante: se han dedicado dos años a investigar un "delito inexistente" basándose en una amalgama de sospechas que no logran cristalizar en pruebas de cargo, solicitando así que se revoque la atribución de la causa al tribunal del jurado.

Con información de EFE