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El juez del Tribunal Supremo ha destacado en un auto que la investigación contra el fiscal general puede prolongarse incluso más de un año por lo complejo de la causa
Actualidad Agencias
El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha prorrogado por seis meses la investigación judicial de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, período que se contará a partir del próximo 24 de marzo.
Hurtado ha destacado en un auto, notificado este miércoles, que la investigación puede prolongarse incluso más de un año por lo complejo de la causa ya que al haber hecho desaparecer el investigado «la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos», la falta de datos «ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad».
Asimismo, añade que la situación ha provocado que se esté «a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda y se prevé que la respuesta no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025, que de hecho, de acuerdo a lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más».
El juez recuerda que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas a la inicial de un año si no es previsible finalizar en ese tiempo la investigación, lo que entiende que sucede en la causa.
En el marco de esta investigación, Hurtado tiene previsto tomar declaración el próximo 12 de marzo, en calidad de testigos, a la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés.
El juez decidió llamarles a declarar al considerar que puede ser útil «conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024» en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía al fiscal la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública» por parte de Alberto González Amador, «hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital El Plural.com, y en qué circunstancia circuló a través de las personas por las que pudo haber pasado».
Ambos nombres aparecieron en la causa tras el análisis del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato, que reconoció al magistrado que llevó ante notario los mensajes que se cruzó con la entonces jefa de gabinete del exministro Óscar López, el 14 de marzo. Sánchez Acera le envió el correo de la defensa de la pareja de Ayuso de cara a su intervención en la Asamblea de Madrid.
El pasado martes 25 febrero, según información recogida por Europa Press, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado aseveró que es una "evidencia" el hecho de que el fiscal general del Estado haya "hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles".
En un auto, que atiende en parte a la solicitud del jefe del Ministerio Público, el magistrado fija que acusaciones y defensas solo podrán acceder a los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de manera presencial en la sede del tribunal.
Asimismo, señala que "carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".
Con información de EFE

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