La okupación ilegal sigue siendo uno de los problemas más controvertidos en España y, lejos de limitarse a pisos o chalets, ha encontrado un nuevo objetivo: las plazas de garaje.
Este fenómeno, cada vez más frecuente en grandes ciudades, ha encendido las alarmas entre propietarios y comunidades de vecinos, que ven cómo un espacio privado y muy cotizado se convierte en blanco de los okupas.
En el Congreso de los Diputados se aprobó recientemente una enmienda impulsada por el PNV para permitir los desahucios exprés, incorporada ya a la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia.
Sin embargo, expertos advierten que la respuesta sigue siendo insuficiente, ya que la okupación de garajes plantea un nuevo escenario legal y social que afecta directamente a la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Quien posee una plaza de garaje en una gran ciudad sabe que se trata de un bien valioso. Los precios de compra y alquiler son elevados, y por ello la protección legal resulta esencial. En caso de arrendamiento, contar con un contrato escrito es la mejor garantía para evitar conflictos o situaciones de usurpación.
La tendencia de ocupar plazas de garaje se ha convertido en un problema añadido en las grandes localidades. Llegar a casa y encontrar la plaza ocupada por un vehículo ajeno genera frustración y, aunque la justicia pueda tardar en actuar, la ley ampara al propietario.
El Código Penal, en su artículo 245.2, establece que “el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”.
El primer paso es contactar con el presidente de la comunidad o el administrador de la finca para identificar al vehículo. Si se localiza al propietario, se recomienda intentar un acuerdo amistoso. En caso de negativa, la vía es denunciar ante la Policía.
La diplomacia puede evitar conflictos, pero si no funciona, la justicia terminará dando la razón al titular, aunque el proceso pueda demorarse.
Es importante recordar que la violencia nunca es una opción: enfrentarse físicamente al okupa o dañar su vehículo puede derivar en problemas mayores. Si no se logra identificar al dueño, la Policía se encargará de hacerlo.
La grúa no puede actuar en estos casos, ya que se trata de un espacio privado y el Reglamento General de Circulación no tiene jurisdicción en aparcamientos comunitarios.
La okupación en España sigue generando debate político y social. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de un fenómeno sobredimensionado, las cifras oficiales reflejan otra realidad.
Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles.
Encuestas independientes muestran una percepción distinta a la oficial. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló que el 34% de los encuestados considera la okupación un problema real, el 19% asegura conocer algún caso cercano y un 2% afirma haber sido víctima directa. Estos datos contrastan con los del CIS, que situaba la preocupación en apenas un 0,9% de la población.
La extensión del fenómeno a las plazas de garaje confirma que la okupación no es solo una cuestión de vivienda, sino un desafío más amplio que afecta a la propiedad privada en múltiples formas.
Con información de OK Diario
