El Gobierno acuerda la rescisión unilateral del contrato de Interior para comprar munición a Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rectificado este jueves a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, imponiendo la rescisión del contrato de compra de municiones a una empresa israelí para preservar la coalición con Sumar y la coherencia con el discurso que ha venido exhibiendo el Ejecutivo.

Tras la tramitación por parte del Consejo de Ministros del plan que permitirá llegar este año a un 2% del PIB del gasto en Defensa, ha saltado la polémica por la adjudicación de ese contrato a la empresa israelí IMI Systems para la compra de algo más de 15 millones de municiones para la Guardia Civil por importe de 6,6 millones de euros.

Sumar, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya había mostrado sus objeciones al aumento del gasto en defensa, los partidos que integran esta formación salieron de manera conjunta a criticar el contrato con Israel cuando había un compromiso de no hacerlo y hubo voces que incluso alertaron de que se ponía en riesgo la coalición.

Aunque desde Moncloa se asegura que no ha habido peligro de ruptura, Sánchez ha querido atajar la crisis rectificando a Marlaska, cuyo departamento había defendido seguir adelante con el contrato porque así lo había aconsejado la Abogacía del Estado ya que una rescisión podría conducir al pago de una indemnización.

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Pese a ello, las dos partes del Gobierno han hecho público casi a la vez la decisión de rescindir de forma unilateral ese contrato al tiempo que deniega a la empresa adjudicataria el permiso de importación de este material «por razones de interés general».

Tanto la Abogacía del Estado como los ministerios afectados ya están estudiando la respuesta a posibles reacciones legales y reclamaciones a la rescisión de ese contrato que había sido publicado tan solo horas antes en el Boletín Oficial del Estado.

Ambas partes de la coalición aseguran que están firmemente comprometidos con la causa palestina y con la paz en Oriente Medio y, por ello, desde el 7 de octubre de 2023, día de los atentados de Hamás en Israel, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes y tampoco lo hará en el futuro.

El propio presidente del Gobierno garantizó ante el pleno del Congreso que desde esa fecha no había contrato alguno con empresas israelíes, y fuentes del Ejecutivo recalcan que con la decisión de este jueves se demuestra la coherencia ante ese compromiso a la vez que se preserva la relación entre los socios.

De forma casi inmediata, Yolanda Díaz se ha atribuido lograr la revocación del contrato recalcando que España no puede comprar ni vender armamento a empresas israelíes y que el compromiso con los derechos humanos es inamovible.

Ha desvelado además que estuvo negociando personalmente este miércoles con el ministro del Interior y con Presidencia del Gobierno.

El Gobierno ha garantizado que todos los procesos de compra que haya abiertos con este país en materia de armamento no se van a ejecutar.

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Interior garantiza el suministro de munición 

Por su parte, el El Ministerio del Interior ha puntualizado este jueves, tras rescindir el Gobierno el contrato israelí, que el suministro de munición para la Guardia Civil está garantizado porque se trata de material que se repone con previsión suficiente para evitar el desabastecimiento, según ha publicado Europa Press.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se apuntó que no era posible anular el contrato que hace seis meses, en octubre, se paralizó por la guerra de Gaza.

En concreto, se basaron en una comunicación remitida por la Abogacía del Estado que desaconsejaba la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato.

"La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados", apuntó ayer Interior.

El contrato en cuestión fue licitado el 21 de febrero de 2024 y adjudicado el 21 de octubre de 2024 por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. El 29 de octubre de 2024, el Ministerio del Interior puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato adjudicado, que finalmente se formalizó este pasado 16 de abril, en plena Semana Santa.

Con información de EFE