España propone oficialidad parcial del catalán, euskera y gallego en 2027 para convencer a la UE

El Gobierno ha lanzado una propuesta para convencer a los Estados miembro de que permitan el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea (UE).  Plantea su oficialidad desde 2027, aunque con una implementación parcial.

Se plantea a partir de esa fecha porque únicamente se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos.

Se trata de una modificación del marco lingüístico para ampliar el paraguas a las tres lenguas cooficiales a partir de 2027. La reforma incluiría una "derogación" inmediata por la que las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en catalán, euskera y gallego.

Los 27 deberán tratar este tema a más tardar en un plazo de cuatro años la revisión de la derogación para decidir si se pone fin a la misma y todo cambio se decidirá de nuevo por unanimidad.

La propuesta matiza que este freno no afectará a los reglamentos, es decir, a las normas que, a diferencia de otros actos jurídicos como las directivas, son de aplicación directa en toda la UE y no necesitan transposición nacional.

De acuerdo con las estadísticas de la UE, en la última legislatura, se tramitaron un total de 12.065 actos jurídicos de los que el 2,6% (316) fueron reglamentos.

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Además, para superar las reservas de los países con dudas sobre el coste de la reforma, el Gobierno añade una declaración en la que afirma que será España quien asuma todos los costes de la oficialidad del catalán, euskera y gallego, aunque no pone por el momento una cifra de lo que supondría.

Este compromiso figura como un considerando, frente al marco actual, que establece que la oficialidad corre a cargo de las arcas comunitarias.

A falta de un plan detallado de cómo aplicar en la práctica el paso de 24 a 27 lenguas oficiales, España apunta que "en los próximos meses" y "antes de que se aplique el acuerdo" se coordinará con las instituciones de la UE para presentar al Consejo una propuesta de los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para "no aplicar o reducir gradualmente" la derogación prevista en el reglamento para cada una de las tres lenguas.

El asunto se mantiene en la agenda como punto para "adopción" en el Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE del martes, 27 de mayo, aunque se trata de una reforma que requiere la unanimidad de los Estados miembro y plantea dudas legales y financieras no resueltas para varias delegaciones, según han indicado a Europa Press distintas fuentes diplomáticas.

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En este contexto, el Gobierno presentó a los embajadores el pasado miércoles un documento más detallado que los que han circulado desde que España presentó la petición por primera vez en septiembre de 2023, con la única petición de modificar el reglamento de lenguas para incluir las tres cooficiales en España.

Ahora, la petición sigue sin cosechar los apoyos suficientes pero el Gobierno ha elevado la presión a las capitales, según un alto diplomático europeo, que concede que el asunto es "muy sensible" y que trasciende las negociaciones en Bruselas.

La unanimidad exige que ningún país se pronuncie en contra, pero la abstención de delegaciones no impediría que se tomara una decisión; tampoco es definitivo que se vaya a producir la votación ya que hay margen para que la agenda se modifique sobre la marcha.

Con información de Europa Press