Bruselas abre expediente a España por impedir tarifas de equipaje de mano en aerolíneas

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por impedir que las aerolíneas apliquen tarifas adicionales al transporte de equipaje de mano, una práctica que, según el Ejecutivo comunitario, vulnera la normativa vigente en la Unión Europea (UE).

En su comunicado oficial, Bruselas recuerda que la legislación europea «garantiza a las aerolíneas la libertad para establecer sus precios». Esta posición se sustenta en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que el equipaje de mano «debe ser gratuito, en principio, siempre que cumpla» con criterios razonables de «peso, dimensiones y seguridad».

No obstante, el mismo fallo aclara que si «el equipaje de mano excede esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas». Según la Comisión, España no respeta esta disposición, lo que ha derivado en sanciones impuestas por las autoridades españolas a cinco compañías aéreas.

Bruselas considera que esta interpretación de la normativa «restringe la capacidad de las aerolíneas para fijar precios y para diferenciar entre un servicio que incluye un mayor límite de equipaje de cabina y otro que no ofrece esa posibilidad y únicamente contempla el volumen mínimo necesario para el transporte».

Esta limitación, añade el Ejecutivo comunitario, afecta directamente a la libre competencia y a la estructura tarifaria de las compañías, lo que podría tener implicaciones en la oferta y calidad del servicio aéreo dentro del mercado europeo.

La Comisión Europea también subraya que España «ha impuesto sanciones a cinco aerolíneas por su política de aplicar cargos separados por el servicio de transporte de equipaje adicional en cabina» y sostiene que también infringen la normativa, al estar basadas en la citada sentencia del TJUE conforme a la legislación española de navegación aérea.

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Bruselas ha enviado a España una carta de emplazamiento instándole a adaptar la normativa y Madrid dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las diferencias y, en caso de respuesta insatisfactoria, la Comisión emitiría un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción.

Enfrentamiento público 

La apertura del expediente a España se produce después de un enfrentamiento público entre el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el máximo responsable de Ryanair, Michael O’Leary, una de las aerolíneas sancionadas en España con una multa de 107 millones de euros.

Ryanair ha recurrido la sanción y O’Leary, que llegó a llamar a Bustinduy «ministro loco comunista», ha presionado desde entonces al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas.

El pasado septiembre, Bustinduy afeó a Tzitzikostas que accediera a reunirse con O’Leary antes que con él y, tras improvisar el comisario una videollamada con el responsable español, el ministro le pidió que no «desoiga su obligación de defender los derechos de los pasajeros».

En paralelo, las instituciones de la UE están tramitando una actualización de las normas de derechos de los pasajeros, sin que haya aún acuerdo entre Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo.

A la hora de fijar su posición, el Consejo centró el debate en el número de horas de retraso que deben dar lugar a una indemnización al viajero, mientras que la Eurocámara defiende que los pasajeros en la UE puedan embarcar en la cabina del avión con un bulto y una maleta pequeña gratuitamente.

Críticas

La Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés) ha criticado la apertura del expediente a España cuando «los tribunales españoles aún no han emitido su fallo sobre el recurso presentado por Ryanair contra la multa», y ha considerado que «la Comisión Europea está quemando puentes».

«Ver a la Comisión ponerse del lado de las aerolíneas es decepcionante para los consumidores, que esperan que su equipaje de mano esté incluido en el precio del billete. Esas tarifas adicionales nos llevaron a pedir el pasado mayo una investigación a escala europea sobre las prácticas abusivas de las aerolíneas en materia de equipaje de mano», según ha afirmado hoy el director general del BEUC, Agustín Reyna.

Ha agregado que la decisión del Ejecutivo supone decir «a los consumidores europeos que el equipaje de mano es un artículo de lujo que debe pagarse aparte».

Además, en su opinión, «va en la dirección opuesta a la propuesta del Parlamento Europeo, que plantea que los pasajeros puedan llevar a bordo gratuitamente tanto una pieza de equipaje de mano como un pequeño objeto personal».

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado de «lamentable» que la Comisión Europea (CE) «haya decidido posicionarse abiertamente como abogado defensor» de las aerolíneas sancionadas por España por prácticas abusivas, ya que estas «se están lucrando a costa de los derechos de los consumidores».

Es «lamentable», según declaraciones del ministro remitidas este martes a EFE, que «en este contexto geopolítico hayamos visto a la CE ser tan débil y blandita con los poderosos y que, sin embargo, no duden en intervenir e interferir en un proceso judicial en curso para blindar e intentar proteger los intereses de unos pocos».

Con información de EFE