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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta juicio en el Supremo por presunta filtración. Testigos clave lo respaldan, aunque otros lo acusan
Actualidad Agencias
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha superado ya la mitad del proceso judicial que se sigue en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta filtración relacionada con el empresario Alberto González Amador.
Las primeras sesiones han resultado favorables para sus intereses, ya que la mayoría de los testigos han ofrecido declaraciones que lo respaldan, aunque el querellante lo acusó directamente de haberle “matado públicamente”.
García Ortiz se convirtió el pasado 3 de noviembre en el primer fiscal general en sentarse en el banquillo de los acusados.
Se enfrenta a una posible condena de hasta seis años de prisión, 12 de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros por, supuestamente, haber filtrado a la Cadena SER un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que se ofrecía un acuerdo para reconocer dos delitos fiscales y evitar la cárcel.
El tribunal, compuesto por siete magistrados de mayoría conservadora y presidido por Andrés Martínez Arreita desde la Sala de lo Penal del TS, ha programado un total de seis sesiones.
Hasta el momento se han celebrado tres, en las que han declarado alrededor de veinte testigos, entre ellos fiscales, políticos, periodistas y el propio González Amador.
El de los periodistas se ha revelado como uno de los testimonios clave de esta primera semana. Declararon media docena y todos se acogieron a su derecho constitucional a no revelar la fuente de la información.
Sin embargo, tres sí quisieron dejar claro que conocían la información presuntamente revelada por García Ortiz antes de que él la recibiera a las 21:59 del 13 de marzo en su cuenta personal de Gmail.
El principal espaldarazo se lo dio José Precedo, periodista de 'eldiario.es', que llegó a advertir al tribunal de que el fiscal general "es inocente".
"Tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia (...) Hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente", dijo.
La contundencia, y visible emoción, con la que pronunció estas palabras provocó la rápida respuesta de Martínez Arrieta, que en un tono amistoso le advirtió: "Una cosa es que no la diga pero otra cosa que nos amenace con que la sabe".
Además, Precedo aseguró que desde el 6 de marzo tenía ese 'email', el expediente de Hacienda y la denuncia de Fiscalía contra González Amador. Explicó que, si no lo publicó inmediatamente, fue porque era una cantidad "ingente" de material que había que verificar.
Añadió que su fuente le prohibió exhibir el correo, algo que él creía que era fundamental porque lo veía como un seguro ante las amenazas que dijo recibir del jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Su testimonio se vio respaldado por el de su compañero de medio, Marcos Pinheiro, a lo que se sumó poco después el de Alfonso Pérez Médina, periodista de 'La Sexta' que declaró que a las 21:54 de ese 13 de marzo ya estaba comunicando en su chat de WhatsApp del trabajo que, en contra de lo publicado hasta ese momento, era González Amador quien había ofrecido pactar. Detalló al tribunal que lo supo por tres fuentes distintas.
Los entonces líder del PSOE de Madrid y asesora de Moncloa, Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera, respectivamente, también beneficiaron al fiscal general al negar que el pantallazo que les llegó la mañana del 14 de marzo de dicho 'email', antes de que se publicara en prensa, viniera de Fiscalía.
Lobato contó que, precisamente porque no se había difundido, insistió a Sánchez Acera en que debía conocer cuál era su origen para poder usarlo ese día en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso.
"Porq sino parece que me la ha dado Fiscalía", ilustró en un 'whatsapp' que aportó a la causa. Ambos confirmaron que la ex asesora de Moncloa se lo reenvió con dicho fin. Y ella, a preguntas de las acusaciones, sostuvo que se lo mandó un periodista, cuyo nombre no recordaba.
A favor de García Ortiz también jugaron las testificales de Julián Salto, el fiscal del caso contra González Amador; Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; y Diego Villafañe, hombre de confianza del fiscal general.
Los tres explicaron que la orden de éste para recabar información sobre las pesquisas contra el novio de Díaz Ayuso fue "legal" porque todo fiscal tiene la obligación de informar a su superior sobre asuntos de relevancia.
Asimismo, la 'dircom' de la Fiscalía General del Estado (FGE), Mar Hedo, evidenció el interés de la prensa la noche del 13 de marzo por averiguar quién había ofrecido pactar a quién, después de que 'El Mundo' publicara a las 21:29 una pieza --'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'-- y La Sexta lanzara otra a las 22:10 en sentido contrario: 'La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales".
Por contra, el testimonio de otra fiscal, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, fue uno de los más duros --y extensos-- contra García Ortiz. Ratificó que desde que 'eldiario.es' publicó a las 6:01 del 12 de marzo que existía una investigación fiscal contra el novio de Díaz Ayuso tuvo la sensación de que la información se filtraría.
Dio un primer aviso a Rodríguez, cuando vio dicha noticia. "Esos lo han filtrado", recordó la jefa de la Fiscalía Provincial que le dijo Lastra, en alusión "despectiva" a la FGE. La segunda advertencia llegó la noche del 13 de marzo, cuando la fiscal superior se dio cuenta de que Rodríguez había rebotado la cadena de 'emails' entre Neira y Salto a García Ortiz: "Pilar, los van a filtrar".
Y finalmente, la mañana del 14 de marzo, después de que toda la prensa informara sobre el correo del 2 de febrero, preguntó directamente a García Ortiz: "Álvaro ¿Has filtrado los correos?". Y él respondió: "Eso no importa ahora". "Se me quedó grabado en el alma, a mí sí me importaba", dijo Lastra.
González Amador, que protagonizó la intervención más larga, tampoco escatimó en detalles a la hora de transmitir al tribunal el perjuicio que le había causado tanto la filtración del 'email' de 2 de febrero como la publicación, el 14 de marzo, de la nota de prensa de Fiscalía donde plasmaba al recorrido de las negociaciones de conformidad.
"Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", dijo, para remachar: "O me voy de España o me suicido", algo que Martínez Arrieta, le desaconsejó.
Con información de Europa Press

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