García Ortiz niega filtrar correos del caso González Amador

Este lunes, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado cualquier implicación en la presunta filtración de un correo electrónico vinculado al procedimiento judicial por fraude fiscal que afecta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz ha afirmado que no se considera autor ni responsable del supuesto delito de revelación de secretos que se le atribuye

La sesión ha comenzado con la lectura del auto de apertura de juicio, realizada por la letrada de la administración de Justicia. El fiscal general, vestido con toga, ha seguido el acto con atención, tomando notas de forma constante con un bolígrafo, lo que ha evidenciado su implicación directa en el desarrollo de la vista oral.

Una vez concluida la lectura, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha declarado oficialmente iniciado el juicio. Acto seguido, ha formulado la pregunta clave al acusado: “¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?”.

Desde el estrado, ubicado a la derecha de los abogados del Estado que lo representan, el fiscal ha respondido: «No».

Tras esta declaración, ha comenzado la fase de cuestiones previas, en la que la acusación particular, ejercida por González Amador, junto con otras partes acusadoras, ha solicitado la incorporación de nuevas pruebas.

Entre ellas destacan las comunicaciones entre un periodista de Cadena SER y el abogado defensor de González Amador, quien habría propuesto un acuerdo judicial, así como un artículo publicado en El País que podría aportar contexto relevante al caso.

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También la Fiscalía, que pide la absolución, ha tomado la palabra para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales, en concreto a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones y también a un juez imparcial, y ha presentado varios documentos, como la certificación de que el polémico correo continúa a día de hoy en la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos.

García Ortiz, vestido con traje y corbata negra, ha llegado en coche en torno a las 09:42 horas. Ha entrado solo por la puerta principal del alto tribunal, destinada a autoridades y que da a la céntrica plaza Villa de París, donde algunas personas le han aplaudido.

Declara el fiscal del caso de González Amador 

En la primera jornada del juicio, Julián Salto, el fiscal que investigaba el caso de fraude fiscal contra Alberto González Amador, ha asegurado que no entiende como los correos que se investigan, que son «privados», podía tenerlos Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid.

En su declaración, el fiscal ha dicho que pensaba que «por el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía los correos entre el fiscal y el abogado eran únicamente privados».

Y ha añadido: «Entiendo que no tiene que tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid».

Miguel Ángel Rodríguez tuvo acceso a un correo de la causa del 12 de marzo que le reenvió la pareja de Ayuso, quien a su vez lo había recibido de su letrado Carlos Neira. Más tarde, el jefe de gabinete lo difundió a un chat de periodistas.

Salto ha explicado la cadena de llamadas y mensajes que se intercambió la noche del 13 de marzo con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, defendiendo que recibió una «orden legal» para enviar esos correos. «No veo nada de raro», ha añadido.

Al respecto, ha declarado que recibió mensajes contradictorios porque la primera le transmitió «urgencia» por trasladarle los correos mientras que la segunda le dijo que «no corría prisa» ya que estaba en un partido, por tanto, podía esperar al día siguiente.

Para García Ortiz las acusaciones -la particular de González Amador y seis populares- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía defiende que no hay delito y, como la Abogacía del Estado, pide la absolución.

Con información de EFE