El Congreso tumba el decreto de pensiones y desahucios tras el rechazo de Junts

En una sesión marcada por la alta tensión, el Congreso de los Diputados ha derogado el real decreto ley ‘ómnibus’ que blindaba la revalorización de las pensiones y la protección frente a desahucios.

La inesperada alianza de votos entre el Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y UPN ha desactivado una norma que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, calificó de "imprescindible" para evitar un daño estructural a los colectivos más vulnerables.

La caída de este decreto supone el fin de una red de seguridad que permanecía vigente desde el pasado diciembre. Al publicarse el resultado de la votación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), decaerán medidas críticas como la congelación de las cuotas de los autónomos, las ayudas fiscales para la transición al vehículo eléctrico y, especialmente, la prohibición de interrumpir suministros básicos a familias en riesgo de exclusión.

Aunque el Gobierno ya ha abonado la nómina de enero con el incremento del 2,7%, el Ejecutivo se ve ahora obligado a legislar contra reloj para evitar que las prestaciones vuelvan a los valores anteriores en los próximos meses.

En contraste con este bloqueo, el transporte público ha logrado esquivar la parálisis legislativa. Con 179 votos a favor, el Congreso ha aprobado la prórroga para 2026 de las bonificaciones en los abonos estatales, autonómicos y locales.

En este punto, el cambio de posición de Junts resultó determinante, permitiendo que la medida saliera adelante pese al voto en contra de Vox y la abstención del PP. Bolaños defendió la eficacia de estas ayudas citando un crecimiento estructural del uso del transporte público del 32% desde 2022, respaldado por una inversión prevista de 1.371 millones de euros.

El Congreso aprueba el decreto ley para actualizar pensiones y prorrogar ayudas al transporte

Como novedad significativa, el nuevo decreto de transportes elimina la obligatoriedad de cofinanciación por parte de las comunidades autónomas, a las que el Estado ya ha transferido 735 millones de euros.

Además, se ha dado luz verde a la creación de un abono único nacional, diseñado bajo un marco de adhesión voluntaria para respetar escrupulosamente las competencias autonómicas.

No obstante, socios habituales del Gobierno como EH Bildu o el BNG han exigido que estas ayudas dejen de ser parches temporales y se conviertan en derechos permanentes por ley.

Este escenario de inestabilidad legislativa se produce en un momento de máxima presión sobre el Ministerio de Transportes tras los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La gestión de Óscar Puente se encuentra bajo la lupa de la oposición y de socios como ERC, quienes han endurecido su discurso debido a las constantes incidencias en la red de Rodalies.

La crisis ferroviaria ha escalado hasta el punto de forzar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, prevista para el próximo 11 de febrero, en una sesión que también abordará la situación política en Venezuela.

La jornada concluye con un mensaje de incertidumbre para la estabilidad de la legislatura. Mientras el Gobierno celebra la salvación de los descuentos en el transporte, la derogación del bloque social del decreto ‘ómnibus’ deja al descubierto la fragilidad de sus apoyos.

La necesidad de renegociar cada medida, incluso aquellas que emanan de mandatos históricos como el Pacto de Toledo, anticipa un período ordinario de sesiones donde la geometría variable será más compleja que nunca.

Con información de EFE